Táboas cree "kafkiano" el rechazo empresarial a más pisos protegidos

Al presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, le llovieron ayer las críticas por oponerse a que el 40% del suelo en las ciudades se reserve para vivienda protegida. La conselleira de Vivenda e Solo, la nacionalista Teresa Táboas, y el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, censuraron la postura de Fontenla.

La iniciativa, que está incluida en el futuro Plan General de Ordenación Urbana de Vigo y que será obligatoria, con la nueva Ley del Suelo que promueve la Xunta, en todos los municipios de más de 20.000 habitantes (21 de los 315 gallegos) no es un capricho, sino una necesidad, subrayó Táboas. Y máxime, advirtió, en una comunidad como Galicia donde el 85% de la población tiene ingresos inferiores al límite exigido (3.500 euros mensuales) para solicitar un piso de precio limitado.

Obtener suelo residencial para vivienda protegida es aún más acuciante en las ciudades, ahondó la conselleira, porque es la única a la que pueden aspirar la mayor parte de las familias, con una renta media, según el Instituto Nacional de Estadística, de sólo 21.000 euros al año. "Es fafkiano no entender esto", se quejó Teresa Táboas, minutos antes de inaugurar en A Coruña un seminario de la Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales sobre vivienda y política social.

Frente al planteamiento de Fontenla y otros constructores, hay "promotores responsables" que ya comunicaron a la consellería su disposición a edificar vivienda protegida. "Y ese tipo de promotores es el que necesita este país", abundó la responsable autonómica de Vivenda. Para reforzar su argumentación frente al jefe de la patronal gallega, recordó las cifras de Vigo, el mejor ejemplo de la gran demanda de vivienda protegida, afirmó Táboas, ya que el 40% de los inscritos en el registro de solicitantes de este tipo de pisos vive en esa ciudad. Cada mes, se apuntan unos 700 vigueses. A este ritmo habrá 25.000 peticiones en tres años.

"Lo que es confiscador", censuró, por su parte, el alcalde de Vigo retomando el adjetivo utilizado por Fontenla en sus críticas, no es incrementar la reserva de suelo para esta vivienda, "sino obligar a un ciudadano a hipotecar 20 o 40 años de su salario para poder comprar un piso". Caballero lamentó la "debilidad de opinión" del presidente de la Confederación de Empresarios y le emplazó a "documentarse" sobre la "imperiosa necesidad" de vivienda a precio limitado.

La reserva de suelo del 40% no es la única medida que prepara la Xunta. La nueva Ley del Suelo prevista para 2008 obligará a los ayuntamientos a dedicar el 50% de los terrenos del patrimonio municipal a residencias protegidas, en vez de venderlos. Táboas reclamó colaboración de los alcaldes para evitar la especulación con el suelo municipal. La conselleira recordó que el Consello de Contas, en su informe de 2004, censuró la dilapidación que los ayuntamientos hicieron con sus reservas. "Eso explica por qué de los 109 municipios a los que pedimos por carta suelo para vivienda protegida, sólo siete ofrecieron terrenos", lamentó Táboas.