La ley de la marmota

El cine español no acaba encontrar su público, eso que los economistas llaman cuota de mercado. Eso sí, cosecha grandes éxitos aislados, eso sí, como los tres Torrentes, Mortadelo y Filemón, Los otros o El orfanato; pero en el balance final, los triunfos en taquilla no tienen continuidad -aunque sea mentar la bicha, las infracomedias de los sesenta y setenta o las películas de destape sí tenían una clientela fiel- y las películas nacionales pierden espectadores cada año a velocidad de vértigo. La debilidad del negocio -la cuota de mercado del cine español no llega al 8%- no se corrige a pesar de que durante años los Gobiernos sucesivos han trenzado una sólida malla de ayudas públicas para las producciones nacionales, en forma de dinero que aportan las televisiones, desgravaciones fiscales y fondos de protección. Pero, a pesar de que no faltan subvenciones, el cine español sigue siendo como aquellos enclenques personajes de las comedias del landismo que se enfrentaban animosamente a los fornidos yanquis de la base de Torrejón para conseguir los favores de las Conchita Velasco o Mónica Randall de turno y resultaban aparatosamente apaleados.

La nueva Ley del Cine aprobada por amplia mayoría en el Congreso insiste en los remedios de la anterior: subvenciones extraídas de las televisiones, beneficios fiscales y ayudas a los exhibidores. Si esta ley sigue el patrón de la anterior que tan poco contribuyó a reforzar la industria española, no es aventurado profetizar que tiene muchas probabilidades de fracasar en la tarea principal: reforzar una maquinaria industrial que produzca películas de éxito que mejoren la cuota de mercado de los productos nacionales. Resulta que en España cada Ley del Cine reproduce tercamente los modos de la anterior, como en la eterna repetición de El día de la marmota.

Todo lo anterior no significa que haya que suspender las ayudas públicas y las subvenciones, como defienden los medios más reaccionarios, esos que consideran al cine español como un reducto de señoritos indolentes que viven del erario público. Sólo significa que quizá sea recomendable aplicar otras formas de ayuda que sean más efectivas.