Los suboficiales más bravos

El pasado miércoles, mientras el ministro José Antonio Alonso anunciaba que está investigando la concentración que el día 24 celebró ante la sede de su departamento la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), "por si se registró algún comportamiento sancionable", el presidente de la misma, el brigada Jorge Bravo, se reunía con una delegación de las Juventudes Socialistas de Madrid. "Sabemos que los militares tienen limitados sus derechos, pero creemos que sus reivindicaciones sociales son justas", explica su secretario regional, Daniel Méndez.

No es ésta la única paradoja. Aunque la Delegación del Gobierno en Madrid autorizó la primera concentración protagonizada por militares desde la restauración de la democracia en España —en solidaridad con Bravo, quien salió el domingo en libertad tras 40 días de arresto—, los mandos de numerosas unidades militares reunieron a sus subordinados en la víspera del acto público para advertirles de que se exponían a ser sancionados si acudían.

Mandos militares advirtieron a sus subordinados para que no fueran al acto en solidaridad con Bravo

El presidente de AUME acumula dos arrestos. El tercero abriría la puerta para su expulsión del Ejército

Como ocurrió durante la transición política, la frontera entre legalidad e ilegalidad es tan delgada y sinuosa en este asunto que no resulta fácil saber de qué lado se está. Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, de 1979, prohíben a sus miembros formar asociaciones reivindicativas. Sin embargo,

una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2001 advirtió de que la Constitución sólo priva a los militares de los derechos de huelga y sindicación. "Nada permite afirmar que una asociación, por el hecho de perseguir la satisfacción de intereses económicos, sociales o profesionales de sus asociados, se convierta en un sindicato o pueda ser equiparada al mismo", sentenció.

Por eso, el Ministerio del Interior no tuvo más remedio que inscribir, en abril de 2005, los estatutos de la AUME, que incluyen entre sus fines "la defensa de los derechos y legítimos intereses económicos, sociales y profesionales de sus asociados [...], con renuncia expresa a la estructura, organización y actividad sindicales (huelga, convenio y conflicto colectivo)".

El movimiento asociativo en las Fuerzas Armadas tiene ya dos décadas de antigüedad. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones fueron impulsadas por personal retirado o en la reserva (como Hepermisa, luego reconvertida en Asociación de Militares Españoles, y Amarte), tienen ámbito territorial (como Arfaga, en Galicia) o responden a problemas específicos de algunos estamentos (como Ciofas, formada por oficiales de la antigua escala media, o la Unión de Militares Temporales, de oficiales de complemento y tropa temporal), por lo que languidecen tras lograr sus objetivos.

Ése debía haber sido el destino de la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tráfico Aéreo (Sodecta), una asociación creada en 2004 por un grupo de controladores militares. Su propósito era denunciar la situación de este colectivo, obligado a controlar el tráfico civil en las bases aéreas abiertas al tráfico comercial sin que se les homologara su titulación, ni se les aplicase la normativa sobre turnos o plantillas que tienen los controladores civiles.

Los controladores, unos 300 en total, están repartidos entre los tres ejércitos, pero se relacionan entre sí para su trabajo y se forman en la misma escuela, en Salamanca; por lo que se conocen y tienen más facilidad que otros militares para asociarse.

En la reunión celebrada el 3 de febrero de 2005 por el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa —del que forman parte el ministro y los altos cargos civiles y militares—, el jefe de la Fuerza Aérea presentó un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que advertía de que Sodecta "pudiera tener un cierto carácter reivindicativo" y anunciaba que "el Ejército del Aire está estudiando la posible responsabilidad disciplinaria del personal militar perteneciente a dicha asociación".

Pocos meses después, el presidente de Sodecta, el sargento primero del Ejército del Aire Francisco Martín era castigado con un mes y 20 días de arresto por haber remitido al presidente del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial un informe en el que, tras explicar los problemas de los controladores militares, advertía de que "éstos constituyen factores de riesgo o peligro" para los vuelos civiles.

Francisco Martín figura como vicepresidente en el acta fundacional de la AUME, fechada el 19 de enero de 2005. Entre los promotores hay otros cuatro militares, todos suboficiales y en su mayoría controladores aéreos, incluido el brigada Jorge Bravo, quien, a diferencia de Martín, pertenece al Ejército de Tierra, al Centro de Enseñanza de la base de helicópteros de Colmenar Viejo (Madrid). Bravo, nacido hace 47 años en Madrid, hijo de un suboficial armero de la Fuerza Aérea, ingresó en filas en 1976 y participó en la primera misión del Ejército de Tierra en el exterior: la operación de ayuda a los kurdos iraquíes tras la guerra del Golfo de 1991. Su nombre saltó a la opinión pública en enero pasado, cuando fue arrestado por primera vez, por unas declaraciones en las que cuestionaba la versión oficial del accidente del helicóptero Cougar, en el que murieron 17 soldados, en agosto de 2005 en Afganistán.

Pero la clave de que una asociación de controladores se haya convertido en germen de una organización que aspira a representar a todos los militares españoles seguramente la tiene el sexto firmante del acta fundacional de AUME, su secretario general y el único que no es militar: el abogado Mariano Casado, quien durante años asesoró a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quizá el mayor éxito del asociacionismo en España, con más de 20.000 agentes afiliados.

La AUGC y la AUME comparten algo más que la similitud en el nombre. Tienen un convenio de colaboración y una problemática común, pues los guardias civiles han tenido que superar las trabas que ahora tienen los militares antes de que, hace sólo 15 días, el Congreso aprobase definitivamente su ley de derechos y deberes y la reforma del código disciplinario.

Fue precisamente su intervención en la concentración de guardias de uniforme, celebrada el pasado 20 de enero en la plaza Mayor de Madrid, la que costó a Bravo su segundo arresto de este año, el que provocó la concentración de solidaridad de hace una semana frente a Defensa. Aunque él acudió de paisano, se le abrió expediente basado en un escrito del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET), al que nunca ha tenido acceso.

También fue el CISET, servicio secreto del Ejército, el que en diciembre de 2005 remitió un mensaje a las unidades en el que calificaba de "amenaza" el "asociacionismo reivindicativo" y recomendaba que, antes de establecer relaciones con una asociación, "se consulte con el CISET por si tuviera conocimiento de antecedentes desfavorables hacia los intereses del Ejército".

Quien no siguió esta recomendación fue Euromil, la federación que agrupa a medio millón de militares de 24 países europeos y que, en mayo de 2006, acogió a la AUME como socio de pleno derecho. A finales del próximo abril, el Presidium de Euromil se reunirá por vez primera en España. La hospitalidad exige que el ministro de Defensa reciba a su presidente, el belga Emmanuel Jacob. Y que a éste le acompañe el brigada Bravo. Siempre que no sufra un nuevo arresto. Sería el tercero y abriría la puerta a su expulsión del Ejército.