Industria rechaza la legalización por vía rápida de canteras que pide el PP

La Ley de Ordenación de la Minería que se tramita en el Parlamento no incluirá un procedimiento de legalización rápida de las 270 explotaciones mineras sin licencia municipal que funcionan en Galicia, tal y como reclamaba el PP.

El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, explicó ayer durante el debate del proyecto de ley que debe existir algún tipo de "semáforo" para establecer qué canteras pueden seguir con su actividad y cuáles no, aunque mostró su disposición a que puedan legalizarse todas aquellas explotaciones que cumplan los requisitos legales y medioambientales.

Blanco explicó que debe existir algún "semáforo" para regular las canteras

Tahoces no rechazó la posibilidad de alcanzar acuerdos con PSdeG y BNG

Las minas que no cuentan con permisos municipales se encuentran en una situación de dudosa legalidad desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de 2002.

El responsable de Industria de la Xunta insistió en reclamar "diálogo y consenso" a todos los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre el contenido final del proyecto de ley, que es la primera normativa autonómica sobre una materia que está sujeta a la regulación estatal de 1973. Si, como es previsible, prosperan las enmiendas conjuntas presentadas por el PSdeG y el BNG al proyecto de ley, las minas que se encuentran en la situación reseñada anteriormente podrán ser legalizadas por decisión del Consello de la Xunta. En su redacción actual, el proyecto de ley concede el poder decisorio a la propia Consellería de Innovación.

Durante la presentación de los contenidos de la ley, Blanco resaltó que el texto apuesta por la gestión sostenible de los recursos mineros, por la innovación tecnológica y por la mejora de la seguridad y de las condiciones laborales en las explotaciones mineras. El sector, integrado por 1.600 empresas, exporta 300 millones de euros al año, factura algo más de 1.000 y da empleo a 20.000 trabajadores.

Entre las novedades normativas destaca la reducción del terreno que la Xunta podrá conceder para realizar trabajos de investigación y explotación. En la actualidad se pueden conseguir hasta 3.000 cuadrículas (de 30 hectáreas cada una) para explotar yacimientos, mientras que la nueva normativa reduce esta extensión a 400 cuadrículas. La ley incluye también la creación del Consejo de la Minería, un órgano colegiado de consulta y asesoramiento a la Xunta.

El portavoz de Industria del PP, Angel Bernardo Tahoces, puso en duda durante su intervención la necesidad de crear una ley sobre el sector en Galicia, cuando existe la posibilidad de que esta normativa pueda suponer un "esfuerzo baldío" si el Gobierno estatal se decide en algún momento a legislar sobre esta materia. Sin embargo, Tahoces no rechazó la posibilidad de alcanzar acuerdos con socialistas y nacionalistas para alcanzar un acuerdo sobre la ley si se corrigen determinados aspectos del texto actual. Entre ellos se refirió al procedimiento de legalización de las explotaciones sin licencia y propuso que se concedan permisos a todas las canteras que no estén dentro de la Red Natura y que cuenten con las correspondientes autorizaciones estatales y autonómicas.

Tahoces añadió que el procedimiento de legalización que establece el proyecto de ley es similar al que se ha puesto en marcha en los últimos tres años, que apenas ha permitido dar cobertura legal a una veintena de explotaciones.

Los mecanismos para regularizar la situación de las canteras ilegales que prevé la nueva ley han recibido el visto bueno de la Asociación Gallega de Áridos. Juan de Dios Martín, vicepresidente de esta entidad empresarial, apuntó ayer que el texto recoge aportaciones de los empresarios y su entrada en vigor puede permitir la legalización de las canteras que no cuentan con los permisos necesarios. "Es necesario reducir los trámites burocráticos ya que actualmente hay que realizarlos ante tres consellerías y los ayuntamientos correspondientes", indicó el responsable empresarial.