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Castilla y León rechaza tutelar a 90 menores de Canarias

El Gobierno de Canarias, responsable legal de los menores inmigrantes que llegan en lanchas al archipiélago, ha encontrado un medio para alejarlos. Ayer trasladó a 20 de ellos a Salamanca y anunció que tiene previsto hacer lo mismo con otros 70 antes de que termine el año. Los muchachos son acogidos por una ONG denominada Fundación Armenteros. Pero la Junta de Castilla y León, en cuyo territorio se halla la institución y cuyas infraestructuras deberán atender las necesidades de los recién llegados, ha rechazado hacerse cargo de su tutela.

En Canarias hay ahora mismo un millar de menores inmigrantes no acompañados, que han desbordado los centros de acogida. El problema no es nuevo. El 14 de septiembre del año pasado había en el archipiélago 796 menores, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió públicamente en Tenerife a trasladar a la Península a los que superaran la cifra de 300, considerada límite por el Ejecutivo autonómico.

En aquella ocasión, Caldera cumplió su promesa, pero se encontró con un problema para mantenerla en el futuro: las comunidades autónomas gobernadas por el PP pusieron serias trabas para acoger a los muchachos. La Rioja se negó a recibir a uno solo de ellos y Madrid ni siquiera respondió a la petición.

Ante esta situación, el Gobierno ofreció en el Parlamento, el pasado 4 de octubre, al Ejecutivo canario ampliar el programa de traslados a 300 menores más, siempre que se comprometiera a explorar la acogida por parte de otras comunidades. Era una forma de implicar en la solución del problema al PP, socio de Coalición Canaria en el Gobierno del archipiélago. Pero la portavoz parlamentaria de ese último partido rechazó la oferta.

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