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Columna
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Quinto aniversario

El examen del rumbo del 'Prestige' permitirá saber si puede atribuirse una responsabilidad penal

A pesar de que se han cumplido ya cinco años desde el hundimiento del Prestige, la instrucción judicial todavía no ha concluido y previsiblemente no terminará hasta bien entrado el año 2008. Al ciudadano no versado en el intrincado laberinto del Derecho procesal le resulta difícil comprender semejante retraso, especialmente cuando se compara con otros procedimientos judiciales de similar o mayor complejidad que han concluido en un plazo mucho menor.

No obstante, hay una causa estructural de carácter general que todos podemos entender con facilidad. Me refiero a las insuficiencias inherentes a un juzgado pequeño, como el de Corcubión, con muy escasos medios materiales y humanos para enfrentarse a un caso de gran envergadura, por el que además ha ido desfilando un buen número de jueces (algunos incluso sustitutos), que sucesivamente han tenido que ponerse al día en las numerosas diligencias que se habían venido practicando desde un principio. Ciertamente, son varios, y de muy diversa índole, los factores que inciden en esta situación, algunos nada sencillos de resolver; pero la percepción que tenemos muchos ciudadanos es la misma que han expresado algunos de los abogados personados en el proceso, esto es, una falta de voluntad política por parte de la Administración.

Con todo, y sin perjuicio de lo anterior, podemos identificar también causas más concretas del retraso (debidas no ya a razones estructurales sino a actuaciones de personas determinadas), algunas más llamativas y relevantes que otras, como singularmente la cuestión de la designación judicial de los peritos encargados de realizar las pruebas referentes al estado y a la navegación del buque, designación que mantuvo prácticamente paralizado el procedimiento durante más de un año y cuyas sorprendentes vicisitudes ya fueron comentadas otro artículo publicado en estas mismas páginas el pasado 23 de abril.

Desbloqueada esta situación con la renuncia de los técnicos de Repsol, los peritos finalmente designados se encuentran ya trabajando en sus dictámenes, que, al parecer, tendrán concluidos en los primeros meses de 2008, con lo cual prácticamente se podrá poner fin a la fase instructora del proceso, dado que éstas eran las únicas pruebas verdaderamente trascendentes que quedaban pendientes.

Y es que, en efecto, dichas pruebas periciales resultarán decisivas para esclarecer las posibles responsabilidades penales de los sujetos imputados en la causa. Por una parte, el análisis del estado del barco antes de la avería inicial será un elemento determinante para poder atribuir un delito de contaminación imprudente a los responsables de la empresa armadora por el vertido inicial del fuel, aunque sobre el mal estado del barco hemos ido conociendo muchos datos, que figuran ya en el sumario.

Por otra parte, el estudio de la navegación del buque será un elemento imprescindible para enjuiciar la actuación de Mangouras (y, en su caso, la de sus oficiales), así como la de las autoridades del Ministerio de Fomento: en el caso del capitán el análisis de las decisiones que adoptó tras el accidente servirá para averiguar si su conducta contribuyó a mantener o a incrementar el riesgo jurídico-penal originado por la avería inicial; en el caso de las autoridades españolas el examen de la maniobra de alejamiento y del errático rumbo posterior del buque permitirá saber si puede atribuírseles una responsabilidad penal por los hechos sucedidos después de haber asumido el control de la fuente de peligro.

Y con respecto a esto último me ha causado un gran estupor descubrir por los medios de comunicación que la abogacía del Estado se plantea solicitar el sobreseimiento de la imputación contra López-Sors con base en unas recientes declaraciones del director técnico de la empresa armadora del Prestige en el pleito existente en Nueva York entre el Estado español y la sociedad ABS, cuando, por lo que se ha publicado, la relevancia de tales declaraciones de cara a dilucidar la conducta de las autoridades españolas es nula. Pero ésta es ya otra historia que merece un capítulo aparte.

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