La Educación, debate político

CiU propone para Cataluña la definición y el desarrollo del modelo de interés público previsto en el nuevo Estatuto, para garantizar una educación de calidad y la posibilidad de acceder a ella en condiciones de igualdad. Será preciso sortear las limitaciones impuestas por el marco legal vigente o promover su modificación, si se pretende convertir en normativa algunas de las propuestas anunciadas.

Tenemos la oportunidad de construir un modelo educativo propio, que facilite la misión de los docentes y el desarrollo pleno de cada alumno.

En Cataluña muchas veces nos dejamos llevar por la magia de palabras como ley o pacto, y pensamos que con ellas se van a solucionar los problemas. El Pacto Nacional de la Educación se nos vendió como la gran esperanza. La realidad ha defraudado: hemos duplicado los repetidores, el fracaso escolar ha crecido y también el abandono temprano. Hace falta dirección política clara, elevar la inversión por alumno (somos los terceros en España por la cola), dignificar al profesor, apostar por el esfuerzo y la evaluación, huir de debates lingüístico-identitarios, y evitar el enfrentamiento escuela pública-privada.

La ley catalana de educación será la última tuerca de ingeniería escolar que necesita el sistema nacionalista para la construcción nacional mental, paso previo a un Estado plurinacional para los más tibios y a la secesión de España para los radicales. Ese espíritu de exclusión y la propuesta de que los directores seleccionen a los profesores para llevar a cabo planes autónomos de centro, que con toda probabilidad se convertirá en un sistema de amiguismo, son las dos propuestas más negativas. La educación obligatoria desde los tres años y la introducción del inglés serían los aspectos más positivos.

La nueva ley es una oportunidad para ganar la batalla de la calidad. La ley supone la continuidad del consenso del Pacto Nacional para la Educación, e incluye opciones de impacto. El norte no es otro que conseguir resultados escolares sensiblemente superiores y la continuidad en los estudios de una mayor franja de la población.

Como elementos relevantes, la ley opta por la autonomía de los centros educativos, importa la elaboración de los currículos escolares, y establece la obligatoriedad de la escolarización entre los tres y los seis años.

Fieles a la tradición republicana, apostamos por un modelo basado en la escuela catalana innovadora y de calidad, que permita el desarrollo integral de la persona y el avance de la sociedad para formar ciudadanos y ciudadanas libres integrados en la cultura propia del país. Es fundamental desarrollar del Servicio Público Educativo, la innovación, un currículo basado en la manera catalana de entender el mundo y que garantice una financiación adecuada. La ley debe recoger los preceptos acordados en el Pacto Nacional, impulsado por Esquerra cuando estaba al frente del departamento.

El Estatuto permite plantear la ley con ambición y abordar principios bàsicos del sistema educativo. La ley tiene que ser de país y exige el máximo consenso, pero en ICV-EUiA tenemos claro que es una ley impulsada por el Gobierno de Entesa. Un tema capital será la concreción del servicio público de educación. La ley debe ser el instrumento para desterrar discriminaciones y dotar a los centros con vocación de servicio público de instrumentos para serlo. También, la oportunidad de extender los derechos educativos más allá de la escuela y desplegar políticas que compensen las desigualdades.