La memoria de los servicios sociales

El SIIS, servicio de investigación y documentación de la Fundación Egia Careaga creado en San Sebastián a principios de los setenta, ha sido un actor silencioso pero decisivo a la hora de contribuir a la mejora en la organización y profesionalización de los servicios sociales, una parcela clave del actual Estado de bienestar. Durante tres décadas, este centro que se fundó sin fin de lucro desde la iniciativa privada, y en plena efervescencia asociativa de Guipúzcoa para responder a problemas como la dependencia y las discapacidades, ha sido una ventana abierta al exterior y una fábrica de ideas que ha influido decisivamente en la creación y profesionalización de lo que hoy se denominan servicios sociales.

Costó especialmente la integración escolar de los niños con discapacidad

Con una apabullante información sobre todo lo que se movía en Europa en esta materia y un trabajo de análisis y reflexión sobre la práctica de las distintas políticas sociales, el SIIS ha sido un gran impulsor del cambio de su filosofía. "Las distintas formas de asistencia social han pasado de ser, en tres décadas, algo propio de la beneficencia a considerarse no un servicio, sino un derecho del Estado de bienestar", afirma el director del centro, Joseba Zalakain.

Esta profunda transformación de la sociedad española ha exigido pasar del amateurismo a la profesionalización y la especialización de estos servicios, y en esa tarea ha sido principal impulsor el centro de documentación de San Sebastián. "Nuestra influencia ha consistido en poner sobre la mesa y en la agenda de los técnicos y de los políticos cuestiones como qué es lo que se hacía y se reflexionaba en el exterior", explica Zalakain.

Entre sus aportaciones se encuentran, por ejemplo, la implantación, ahora aceptada, de paquetes de atención individualizada. O la necesidad de apoyar específicamente a la "red natural de atención", es decir, a los cuidadores que cuidan de las personas dependientes en casa. Un asunto cuya implantación resultó especialmente costosa fue la integración escolar de los niños con discapacidad, dada las reticencia de los padres. "La integración educativa, ahora aceptada no sin debate y esfuerzo, ha supuesto luego la integración laboral de las personas con minusvalías", añade el director del centro.

En este trayecto, Euskadi ha creado una red de servicios sociales mucho más inclusiva, con una participación pública mucho más potente que en otras autonomías. Y ahora está a punto de lograr otra conquista. El anteproyecto de una nueva Ley de Servicios Sociales que prepara el departamento que dirige Javier Madrazo avanza en la línea de reconocer a todos los servicios sociales como un derecho ciudadano, equivalente a los ya implantados, como la escolarización o la sanidad. Un derecho que obliga al Gobierno a responder a las necesidades creadas y no dejar las cosas en manos de las empresas o de las familias.