Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Cataluña: territorio educativo

Discutir de educación en una comunidad siempre es buena noticia. En el fondo, discutir de qué educación queremos es discutir qué sociedad queremos. Por tanto, que un país se ponga a elaborar por primera vez una ley de educación después de casi 30 años de ejercer competencias de autogobierno en materia educativa es muy buena noticia. Todo ello viene a cuento de la noticia -ampliamente difundida y de la que se hacía eco acertadamente Jordi Sánchez hace unos días en estas mismas páginas- de la próxima entrada en el Parlament de un proyecto de ley que pretende regular la educación en Cataluña en los próximos años. Después del provechoso y participativo debate que condujo al llamado Pacto Nacional por la Educación, estamos ahora recogiendo aquellos frutos y proyectándolos en el nuevo proyecto de ley. Se pretendeque sea una ley de país, y entiendo acertado el planteamiento, dada la dimensión de los problemas con los que nos enfrentamos. No vamos bien. Las cifras globales son malas, y las particulares peores. El sistema no ha parado de crecer en los últimos años. Más de 150.000 alumnos se han incorporado al sistema educativo del país. Sólo tres de cada cuatro alumnos de la ESO se graduaron en el curso 2004-2005. La tasa de abandono escolar prematuro de la población entre 18 y 24 años duplica la de la Unión Europea. Poco más del 60% de los alumnos que acaban la ESO siguen sus estudios, cuando la media europea roza el 80%. Y todas las cifras de la enseñanza posobligatoria son claramente peores de las que tienen en la Europa de los Quince y mucho peores de las que se preveían en la famosa cumbre de Lisboa, donde se apostó por eso tan bonito y tan difícil de conseguir, como es conjugar competitividad y cohesión social. Y si nos acercamos a barrios y lugares concretos, la cosa empeora. Pero también es cierto que la escuela pública catalana ha logrado mantener el tipo en años de fortísima presión y de creciente aislamiento.

En algo tan estratégico como la educación es necesario dar cuentas del gasto de los fondos públicos

Es importante destacar que en las bases de la futura ley se apunta a que los objetivos esenciales del proyecto son conseguir que la escuela pública sea referencia en los temas de equidad y excelencia educativa. Es un objetivo ambicioso, si se tiene en cuenta que en la presentación del mismo se pusieron de relieve los peligros de dualización que presenta actualmente el sistema educativo catalán. Se apuesta por la equidad como igualdad de oportunidades de acceso y de promoción. Lo cual no es poco, si examinamos la situación actual, con ámbitos territoriales en los que esa equidad de acceso y de promoción no funcionan, dados los desiguales puntos de partida de unos y otros. Se busca la excelencia, como principio de calidad del sistema. Y ello es importante. La legitimidad de la escuela pública entre sectores significativos de la clase media catalana puede deteriorarse, y debilitar así la opción de la escuela pública de calidad y para todos que debería seguir siendo la prioridad de este y de cualquier gobierno que busque la justicia y el progreso social. Se apuesta por reforzar la autonomía de los centros y las competencias de sus direcciones. Y lo que es mejor, se pretende aprovechar la espita que dejó abierta la ley estatal, al poder agrupar centros de etapas diferentes bajo una misma dirección. Esto último es especialmente significativo. Por una parte, permite que la pequeña escala de los centros no impida una dirección potente y profesionalizada. Por otra parte, permite que se generen territorios educativos en los que sea posible gestionar los equipos docentes y humanos del conjunto, facilitando trabajo en equipo, movilidad de profesores, economías de escala, etcétera. Al mismo tiempo, posibilita que los alumnos no tengan que dejar un proyecto educativo al acabar la primaria para pasar a un centro de secundaria con lógicas muy distintas. Esto, que hasta ahora era un privilegio casi exclusivo de la escuela concertada, pasaría a ser posible en la escuela pública. Si se refuerzan al mismo tiempo las competencias y la capacidad de actuación de los municipios en esos territorios, como se apunta tímidamente, acabaríamos generando más capacidad de dirección de los centros públicos, alguien a quien pedir responsabilidades, y un espacio en el que reconocer la diversidad y la especificidad. No podemos sino aplaudir la vinculación entre autonomía, dirección y evaluación. Es evidente que es preciso dar cuentas de lo que se hace con fondos públicos, sobre todo si de lo que hablamos es de algo tan estratégico para un país como es la educación. Pero, cuidado con plantear la evaluación como algo rutinario, burocrático y homogéneo para el conjunto del sistema. A la gente se le tiene que pedir que mejore desde sus distintos puntos de partida, y no sobre la base de unos parámetros decididos muy lejos de la realidad de cada territorio.

Las bases del proyecto presentadas hasta ahora, tienen algunas insuficiencias que para mí son importantes. No subraya suficientemente el papel de los municipios, ni el camino que se debe seguir para territorializar de una vez la educación. Sigue siendo esencialmente un proyecto escolar. Las referencias a la educación fuera del ámbito de las escuelas son muy escasas. Nos aclara muy poco el futuro de algo tan prioritario para el país como es la formación de adultos, que ha sido hasta ahora la cenicienta del sistema, como demostró un informe del Consejo de Evaluación del propio departamento. Y mantiene otros puntos de ambigüedad que seguramente iremos definiendo mejor a lo largo del proceso, que esperamos sea participativo y rico en propuestas de mejora. Creo que los sindicatos deberían pensar con calma cómo se relacionan con ese proyecto. No creo que sea razonable partir de la desconfianza, de la cerrazón o de la defensa sin más del status quo. Me he acostumbrado a escuchar declaraciones en privado de dirigentes sindicales que coinciden con elementos que las bases del proyecto plantean, que luego en público no se atreven a defender. Démosle una oportunidad al proyecto, y aprovechemos la creciente sensación colectiva de que nos jugamos mucho con la educación del país.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS