La juez cita a los clientes de Construcuatro en Navia

La juez que investiga el cobro de comisiones ilegales por parte de la promotora Construcuatro, en la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y copropietario, ha llamado a declarar a una treintena de propietarios de viviendas en el edificio Castelao de Vigo. Son los mismos compradores que reconocieron haber pagado sobreprecios de entre 16.000 y 42.000 euros a la promotora -algunos de ellos en su sede en Pontevedra - y a varios intermediarios, según consta en el expediente abierto por la Consellería de Vivenda que ha sido incorporado a las diligencias practicadas por la juez.

Los interrogatorios que comenzarán esta semana en el juzgado de instrucción número 2 de Vigo buscan ratificar los testimonios de los clientes que firmaron sus denuncias en la delegación provincial de Vivenda con nombre y apellidos acusando a dos inmobiliarias, Silva y Veiga, de mediar en la compraventa y de exigirles distintas cantidades de dinero negro antes de firmar los contratos. Los representantes de estas agencias por su parte han señalado a Construcuatro como responsable del cobro de las comisiones a cambio de supuestas mejoras en las viviendas.

A pesar de que los pisos ubicados en el polígono de San Paio de Navia tienen la calificación de vivienda protegida y por tanto un precio concertado fijado por ley que oscila entre los 104.000 y los 146.000 euros, a los que hay que sumar 21.000 por el garaje y el trastero, algunos de los inquilinos admitieron haber pagado sobreprecios que los responsables del fraude intentaron camuflar a posteriori con facturas falsas por obras no realizadas.

Un fraude millonario

En la reconstrucción de los hechos, un propietario identificó a José Manuel Torres, copropietario junto a Telmo Martín y a un tercer socio de Construcuatro, como la persona a la que entregó el sobre con el dinero. Fuentes próximas a la investigación cifran la estafa en más de dos millones de euros, que salen de multiplicar la comisión media, 30.000 euros, por los 83 pisos que Construcuatro vendió en el edificio.

Por este mismo caso, la consellería ha abierto un expediente sancionador que concluyó con una multa a Construcuatro de un millón de euros y la devolución de los importes cobrados indebidamente así como la inhabilitación para construir pisos protegidos durante seis años.