La fiscalía persigue a la mafia del transporte en el Puerto de Valencia

Transcont, la asociación que representa a un millar de camioneros autónomos que operan en el Puerto de Valencia, es considerada por la fiscalía como una asociación ilícita y pide su disolución. Así consta, según fuentes de la investigación, en el escrito de acusación del ministerio público contra nueve camioneros, cinco de ellos de la directiva de Transcont, por un delito de asociación ilícita, un delito continuado de amenazas y coacciones y dos faltas de lesiones. Así concluye para la fiscalía la investigación que se inició en marzo de 2005 tras la denuncia de siete camioneros de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) después de que, el 5 de marzo de 2005, 30 personas irrumpieran en su asamblea y se produjeran incluso enfrentamientos físicos. Entre las personas que boicotearon la asamblea de Fenadismer, los denunciantes identificaron a algunos de los asaltantes y fueron detenidos 11 presuntos participantes, entre los que estaban cinco directivos de Transcont.

Las investigaciones no han sido fáciles. La opacidad del sector ha puesto las cosas difíciles en el transcurso de la instrucción. Algunos de los hechos que dieron origen a una grave tensión entre camioneros que operan en el Puerto de Valencia, como la quema de más de 40 camiones entre los meses de marzo y agosto de 2005 en distintos puntos de la ciudad de Valencia y su área metropolitana, han quedado impunes.

Sin embargo, el sabotaje a la asamblea de Fenadismer no. El fiscal, según fuentes del caso, imputa a nueve de los 11 detenidos inicialmente. Son el presidente de Transcont, el vicepresidente, el tesorero, el secretario, tres asociados y dos vocales. Pide para ellos entre tres y siete años de cárcel. El viernes fue notificado a las partes el escrito de acusación del fiscal. En él, según fuentes de la investigación, considera probada la participación de nueve camioneros, de los 11 imputados inicialmente, en los altercados de la asamblea de Fenadismer. Pero sostiene también que hay indicios sólidos para imputarles un delito continuado de amenazas y coacciones, así como dos faltas de lesiones. Entiende el fiscal que Transcont es una asociación ilícita, que se ha usado para fines delictivos y que por tanto debe ser disuelta. Un portavoz de Transcont rechazó ayer pronunciarse. "Preferimos mantenernos en la prudencia. Esa es la opinión del fiscal, nosotros, evidentemente, tenemos otra y se trasladará a través de nuestro abogado. Hasta que este asunto no acabe, hasta que no haya una sentencia, no vamos a valorar nada", afirmó.

Los hechos que provocaron la apertura de esta causa se produjeron en un clima de tensión entre los operadores de contenedores en el Puerto de Valencia que se hizo visible por los paros que protagonizaron algunos de los profesionales del sector. En aquel momento, se produjo un rechazo del sector a dar entrada a nuevos operadores. Fenadismer denunció la existencia de mafias de transportistas en el Puerto de Valencia -al igual que en otros puertos españoles- que llegaban a exigir a otros transportistas hasta 30.000 euros por permitirles operar en los puertos. Diversos agentes explicaron que el negocio de transporte portuario es muy importante y que, por tanto, existen reticencias a la hora de dar entrada a nuevos operadores, especialmente a camiones y conductores extranjeros que trabajan por un precio muy inferior al que cobran los profesionales tradicionales. Algunos trabajadores de Transcont explicaron entonces que el sector estaba amenazado por prácticas que pretenden operar por debajo de los costes, rompiendo salarios y condiciones de trabajo.

La agrupación de conductores de contenedores de CC OO recordaba cuando estalló el conflicto que la tensión no era nueva, que se vivía desde hace años y habló de "males endémicos", como excesos de jornada o de velocidad. Las movilizaciones de la estiba arrancaron tras la presentación, en noviembre de 2001, ante el Parlamento Europeo, de la Directiva sobre el Acceso a los Servicios Portuarios. Y se intensificaron como consecuencia de la conocida como Ley de Puertos que el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2003.