"Faltó explicación sobre los estatutos"

A poco más de tres meses de las elecciones, Elena Salgado, titular de la cartera desde julio, hace balance de la política territorial en una legislatura en que ese asunto ha estado en el centro de la pugna del PP con el Gobierno

"En la siguiente legislatura habrá más reformas estatutarias"

"Los nuevos Estatutos exigen muchas cesiones mutuas"

"Los mensajes del 'se rompe España' han resultado equivocados"

"El alejamiento de Cataluña, si se ha producido, no es irreversible"

"Tenemos que perfeccionar los instrumentos de cooperación"

Tras estar la política territorial en el centro de la convulsión en esta legislatura, esta semana se cierra sin ruido el proceso de reformas estatutarias con la aprobación en el Senado del Estatuto de Castilla y León. Allí estará Elena Salgado, la ministra responsable de la cuestión territorial, la más veterana del Gobierno (58 años) después de Pedro Solbes. Con fama de buena gestora, protagonizó la primera reforma de la Administración con el Ejecutivo de Felipe González y, por su labor en ese terreno, fue la primera mujer condecorada con la Gran Cruz del Mérito Militar. Zapatero la repescó en 2004 como ministra de Sanidad.

Pregunta. Nos hemos pasado la primera mitad de esta legislatura hablando de las reformas estatutarias, sobre todo de la catalana, y ahora hay un interés en no hablar de ello, de hacer como si no existiera.

Respuesta. Lo equivocado era lo de antes. Creo que no hemos sabido explicar bien las reformas territoriales. Ha sobrado crispación y nos ha faltado explicación. Los mensajes del "se rompe España" si se transferían más competencias a Cataluña ya se ve que eran equivocados. Pero a fuerza de repetirlos se ha creado un clima de opinión en el que parecía que el único mensaje posible era el de la crispación. Sin embargo, la realidad es otra. Estamos llegando a acuerdos. Más que un propósito de no hablar lo que sucede es que las aguas han vuelto a su cauce.

P. No se ha roto España. Pero el Estatuto catalán no ha logrado uno de sus objetivos: calmar las demandas de los nacionalismos. ERC no lo votó y en CiU se ha destapado el soberanismo.

R. Estuve en la conferencia de Montilla [presidente de la Generalitat catalana]. Me pareció que expresaba la opinión de muchos catalanes. Hablando de la deriva soberanista de CiU dijo que los líderes de un partido cuando está en la oposición y no tiene una perspectiva de volver al Gobierno se radicalizan. Son posiciones electoralistas.

P. Pero, a la vista de lo sucedido con el Estatuto de Cataluña, se ha extendido mucho la idea de que a los nacionalistas cuanto más se les da, más piden.

R. Tengo claro que a un nacionalismo no se debe oponer más nacionalismo desde el Gobierno de España. Estamos todos llamados a la cooperación, porque es cuando se producen resultados. Lo que los ciudadanos nos podrían reprochar de este debate es habernos olvidado de ellos.

P. El PP dice que han dedicado más tiempo al debate identitario que al interés general.

R. No hay una contradicción entre desarrollo estatutario e interés general. Con el acercamiento de la gestión a los ciudadanos que supone el Estado de las Autonomías todas las comunidades han crecido frente a lo que dice el PP. Ha sido bueno para Extremadura y para Cataluña. Esa búsqueda de eficiencia compartida es la que hay que lograr a través de una solución común. Las demandas nacionalistas deben plasmarse en el consenso e interés general.

P. Puertos, aeropuertos, trenes... ¿Van a generalizar estos traspasos a las comunidades que no han promovido reformas estatutarias?

R. Cuando se aprueba una reforma estatutaria tenemos la certeza de que cuenta con un amplio consenso. Si decidiéramos generalizar traspasos a comunidades que no han realizado la reforma, no tendríamos garantizado el consenso. Creemos, por tanto, que no es el momento.

P. Más allá del PP, especialistas en Derecho Constitucional creen de dudosa constitucionalidad la cláusula del Estatuto de Cataluña que compromete al Estado a ceder a esta comunidad durante siete años un porcentaje del PIB. ¿No lo cree también?

R. Inconstitucional, no. Responde a una insuficiencia inversora durante los Gobiernos del PP. El Consejo de Política Fiscal y Financiera deberá tener en cuenta estos condicionantes a la hora de abordar el nuevo modelo de financiación.

P. ¿No cree que si todos los estatutos tuvieran cláusulas así no cuadrarían las cuentas?

R. Es un problema más político que económico. Al final, tendrá que cuadrar. En los Presupuestos de 2008 no ha habido problemas y eso que dos comunidades tienen dos cláusulas específicas: Andalucía y Cataluña.

P. Cataluña es un granero electoral para el PSOE. Ante el problema suscitado con las infraestructuras, ¿no teme que vaya a haber alta abstención?

R. No. Los catalanes son bastante más inteligentes de lo que algunos piensan. Estamos sufriendo los problemas de las obras, pero el activo del Gobierno de Zapatero en las relaciones con Cataluña no tiene parangón con lo que hizo el del PP.

P. Montilla dijo la pasada semana en Madrid que el alejamiento de Cataluña con el resto de España puede ser irreversible. ¿No le pareció muy fuerte?

R. Me pareció un poco pesimista. Yo no comparto esa visión. Pero esa palabra fue más fuerte que el razonamiento. El alejamiento, si se ha producido, no va a ser irreversible. Los ciudadanos de Cataluña lo que exigen son soluciones. Se nos podrá acusar de no explicarlo bien, pero no de no hacer todo lo posible. Se ha optado por retrasar el AVE para dar prioridad a los trenes de Cercanías, pensando en los ciudadanos de Cataluña, y eso implica costes.

P. Para las elecciones ¿estará acabada toda la obra de Barcelona, incluido el AVE?

R. Ahora no es el AVE la prioridad. No es fácil saber cuándo llegará a Barcelona porque puede surgir algún imprevisto más. Pero los compromisos van a verlos convertidos en realidad muy pronto.

P. Todas las encuestas coinciden en que lo que más daño ha hecho al Gobierno esta legislatura ha sido la tramitación del Estatuto de Cataluña. ¿No cree que hay motivo para la autocrítica?

R. Nos ha faltado capacidad de explicación y de situarnos en el lugar de los ciudadanos. No hay que olvidar que en España muchos siguen pensando que la sanidad es prestada por el Gobierno central. Y cuando aún no está clara la percepción del Estado autonómico hemos metido a los ciudadanos en un debate de palabras, partidista y no de fondo. Si hubiéramos sido todos capaces de explicar cómo va a mejorar la vida de los ciudadanos con el Estatuto las cosas hubieran sido de otro modo. Nos han enredado con la crispación y nos han impedido explicar lo positivo de la reforma estatutaria.

P. Mucha gente cree que va a ser más difícil gobernar con los nuevos estatutos.

R. Va a exigir habilidades distintas, porque el Estado de las Autonomías es complejo. Habrá que fortalecer mucho las instituciones porque son la columna vertebral de ese entramado. Pero por decidir todo desde aquí ¿quiere decir eso que los resultados serían mejores? Serían peores. Hay que acercar la solución de los problemas allí donde están. Eso exige muchas conversaciones y cesiones mutuas.

P. La mitad de las comunidades autónomas han promovido reformas estatutarias. ¿Da por agotado el proceso?

R. Los estatutos de nueva generación necesitan años para desarrollarse. También configuran relaciones distintas con el Gobierno de España que requieren mayor información. Son poliédricos, con muchas posibilidades a explorar. Nos hemos fijado en las infraestructuras. Pero hay un amplio capítulo dedicado a la cooperación.

P. ¿Cree que más adelante se verá el resultado de los nuevos estatutos?

R. No me cabe la menor duda. Además, no vamos a tardar mucho tiempo. Estoy segura de que las autonomías que no se han planteado la reforma, a la vista de los efectos positivos que van a tener sobre los ciudadanos, se lo replantearán.

P. O sea, que va a haber más estatutos.

R. En la siguiente legislatura, habrá más estatutos.

P. ¿Qué van a proponer para la siguiente legislatura?

R. Perfeccionar los instrumentos de cooperación, como la reforma del Senado. Será muy importante la reforma de la financiación autonómica y local, y en ella habrá que contar con la inmigración. Si una comunidad realiza una actividad extraordinaria no debe pensar sólo en los Presupuestos del Estado como forma de financiación sino en generar recursos para afrontarla.

P. ¿Su ministerio cumple la ley de igualdad en altos cargos?

R. Estamos en el tramo del 40-60.

P. ¿Qué queda de la reforma de la Administración?

R. Jordi Sevilla ha configurado un cuerpo legislativo que tenemos que desarrollar. Podemos estar orgullosos de nuestra Administración y de la buena sintonía con las organizaciones sindicales que representan a los funcionarios. Con la colaboración de todos tenemos que adaptarnos al Estado autonómico, dar más participación a los ciudadanos, potenciar la función directiva y conservar a los mejores funcionarios.

P. ¿Seguirá tras las elecciones?

R. El presidente me ha dicho un par de veces que el mismo día de las elecciones pensó decirme que contaba conmigo. Con ello quiero decir que si no improvisó su Gobierno entonces, menos ahora. Sabe mi opinión y debe tener toda la libertad.

P. Pero, ¿qué le gustaría a usted? ¿Se va a implicar en la campaña electoral?

R. Me voy a implicar lo más posible, porque para este país sería bueno que el PSOE ganara las elecciones. El día después, si el presidente cree que puedo ser útil en el Gobierno, allí estaré.