Dos jubilados logran que el juez frene un plan urbanístico

Pedro Camacho Valencia desborda sensatez: "Si mi casa estorba, me voy, que la tiren. Pero que me den otra parecida. No me puedo ir a un piso a mi edad". Desde 1946, Pedro, de 89 años, vive en una modesta casa en la huerta de Murcia junto a su esposa, Violante Pardo, de 84. La casa interrumpe el trazado elegido por el ayuntamiento para una enorme avenida en Murcia.

El auto bloquea el desalojo hasta que los afectados tengan una vivienda similar

Su casa era carne de derribo y Pedro y Violante estaban condenados a pasar sus días en un piso. Pero un juez les ha llevado la esperanza. Para preservar la salud del matrimonio, ha impedido cualquier realojo hasta que el ayuntamiento les garantice una casa en la huerta, donde puedan mantener sus conejos, sus limoneros, su vida.

El urbanismo salvaje parece haber perdido una batalla. La huerta de Murcia va camino de ser un reclamo publicitario. Decenas de grúas se alzan sobre el verde de los naranjos. Pero aún quedan huertanos, como Violante y Pedro, que viven rodeados de limones, acequias y animales. "La tierra era del amo. Hace 60 años yo tenía ahorradas 500 pesetas y a cambio de eso nos dejó hacer un cuerpo-casa para vivir", explicaba ayer Pedro. "Aquí hemos vivido y tenido cinco hijos", añadió. Pedro viste un jersey, una boina y una rebeca. Y lleva la azada en la mano.

Las máquinas han llegado al borde de su casa. La avenida Miguel Induráin, con tres carriles en cada sentido, un proyecto emblemático del Ayuntamiento de Murcia para servir de nuevo eje a la ciudad, ya se ha comido el resto de huertos.

El 26 de abril de 2006, el Ayuntamiento acordó definitivamente la expropiación para construir la avenida. A Pedro y Violante les afectaba porque su casa tiene 232,05 metros cuadrados (el terreno del huerto es de otro familiar, no está a su nombre), que al ser considerada de una calidad baja (la casa es modesta) fue tasada en 163.034 euros. Con ese dinero, deberían pagar un alquiler durante los 18 meses en los que la empresa Vallehermoso tiene que construir el edificio para los expropiados por el plan parcial Zarandona 2. Con el resto del dinero podrían optar a un piso de protección oficial. "Nos decían que íbamos a estar mejor en un piso, pero yo aquí me salgo al resol y estoy la mar de bien, para qué quiero un piso", explica Violanto. "Somos huertanos y queremos seguir siéndolo", añade.

El matrimonio buscó a Eduardo Salazar, letrado de ecologistas y causas perdidas. El 10 de mayo de 2007, dos técnicos municipales se presentaron en su casa y le entregaron a Pedro un papel dándole un plazo de cinco días para desalojar su finca. En el papel se decía que, o lo hacía así o sería desalojado por la fuerza. La amenaza era explícita.

En realidad, el trámite de expropiación había comenzado un año antes. "Desde entonces, la cabeza se me fue, no duermo bien. Qué hago yo en un piso ahora", clama. Violante recuerda que con la notificación "se le cayó la casa encima".

El 14 de septiembre pasado, la pareja de ancianos pidió la suspensión cautelar del realojo a no ser que el ayuntamiento les diese otra casa en la huerta.

Parecía una jugada desesperada. El derribo era inminente, porque la pareja ya ha cobrado la indemnización que le corresponde. Cuando las máquinas estaban a punto de entrar en su casa, el juez de Murcia Juan González Rodríguez accedió a la petición de Pedro y Violante de paralizar el realojo con la finalidad de "paliar las graves consecuencias que para la salud" del matrimonio de ancianos "podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares". En su auto, el juez impide el derribo "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada".