"No creo que los jueces del 'caso Ibarretxe' estén encantados"

Joaquín Giménez recibe a EL PAÍS en su despacho. A su derecha, una ikurriña de mesa sorprende al visitante y recuerda sus años de destino en Euskadi. El próximo 3 de diciembre, junto a otros 14 magistrados del pleno de la Sala Penal del alto tribunal, resolverá un recurso que influirá decisivamente en el juicio contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe: se ventila si se puede abrir vista oral sólo con la acusación popular.

Pregunta. ¿La decisión que adopten tendrá consecuencias en el caso Ibarretxe-López?

"Las recusaciones en el Constitucional buscan un tribunal a la carta"

"No queremos palmeros, ni inquisidores de los jueces"

Respuesta. Es una cuestión relevante y se decidió por unanimidad llevarla a pleno. La Sala, como último intérprete de la legalidad penal ordinaria, tiene que dar seguridad jurídica.

P. El lehendakari puede ir al banquillo por sus reuniones con la ilegalizada Batasuna.

R. Ahí no puedo entrar. Me imagino que no es una situación cómoda para el Gobierno vasco.

P. ¿No lo había ventilado ya el Supremo al rechazar la querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero?

R. En la medida de que la jurisprudencia es evolutiva, permite que una ley se aplique en una realidad cambiante. Y estas doctrinas que hace años eran minoritarias, ahora no lo son.

P. El Gobierno vasco acusa a esos jueces de actuar por impulso político.

R. El juez, en general, está presionado porque se mueve en un campo de conflicto, a veces minado. El problema surge cuando los contendientes son de relumbrón. Sé la situación por la que están pasando esos jueces y conozco la reacción del Gobierno vasco. El Tribunal está formado por profesionales, habrán investigado el tema y tampoco creo que estén encantados con el asunto. Creen que deben actuar así y tienen que ser respetados, sin perjuicio de la crítica a las resoluciones, pero sin descalificar a las personas. Dejemos que el sistema judicial actúe.

P. Le veo muy cauteloso.

R. Es que no puedo entrar ahí. Pero como reflexión general sí diría una cosa: mucho ojo con los apologetas de la independencia judicial, muchas veces son los mismos que no dudarían ni un segundo en atropellar al juez del que sospechan no va a dictar las resoluciones que deben de ser dictadas. No queremos palmeros, ni inquisidores.

P. La crisis del Constitucional casi rompe sus costuras.

R. Es una crisis seria. El Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han caído en la voracidad política. La reflexión que debe hacerse es: ¿puede ser recusado un magistrado del Constitucional? Esa herramienta que es perfectamente legal y sirve para garantizar la imparcialidad de un tribunal, ¿debe estar ahí?

P. ¿Se está abusando?

R. Sí, con el objetivo de buscar un tribunal a la carta. Y la carta se pide en los restaurantes. Y los partidos que recusan lo hacen desde un principio de oportunidad política, no de legalidad. Las leyes las hace el Parlamento y los jueces somos creadores de Justicia; y en ese hacer justicia puede haber elementos creativos. No somos vicarios del poder político como creía Montesquieu. Y el principio de legalidad penal no termina en el Código Penal, sino en la Constitución.

P. Algunos sostienen que el PP no asumió su derrota y se ha hecho fuerte en determinadas instancias judiciales para ganar lo que pierde en el Congreso.

R. El resultado electoral fue el que el pueblo español quiso, y hay que aceptarlo no formalmente, sino en el día a día. Ha habido una altísima crispación política y un contagio de algo que en Euskadi conocemos bien: el cuanto peor, mejor.

P. El CGPJ está en funciones.

R. El Consejo, en cuanto a la renovación, hizo sus deberes: ahí están sus 36 candidatos. El responsable del bloqueo está en el Parlamento. Mi pronóstico es que en la próxima apertura judicial seguirá el mismo Consejo.

P. Ha hablado de Montesquieu, pero esta foto fija parece más bien de Maquiavelo.

R. [Risas] Es que el camino del juez es el de la legalidad. Y ahí choca con el poder político. Muchas veces, ese camino por el que transita el juez es el de la inoportunidad para el político.

P. Visitó Euskadi la semana pasada, ¿cómo ve la situación?

R. Cuando ejercía allí, la capacidad mortífera de ETA era grande, pero había una gran cohesión institucional y de partidos. Ahora, ETA está más débil que nunca y el desapego de la sociedad vasca al terrorismo es irreversible. Pero tenemos un desencuentro institucional absoluto, entre nacionalistas y no nacionalistas. Y no me remontaría a las causas, porque tendríamos que hablar de Miguel Ángel Blanco, de Lizarra... En el Pacto de Ajuria Enea cabíamos todos. La realidad vasca es muy tozuda, no es la que unos u otros pretenden ver. Lo peor que ha dejado ETA no es el cortejo de muertos, ni la fractura política, lo preocupante es la fractura social.

P. Vuelven los años de plomo.

R. Por eso hay que recuperar ya ese mínimo común denominador, porque los réditos de ETA se los da el rifirrafe entre nacionalistas y no nacionalistas.

P. ¿Dónde queda ahora la interpretación de las leyes en función de la realidad social como algunos defendían en la tregua?

R. El sistema judicial y la policía deben investigar y actuar. Las treguas no se deben premiar con nada. Y si reciben instrucciones para que dejen de investigar están cometiendo un delito. El sistema penal tiene que ser sensible si dejan de matar y optan por la democracia.