¿Quién es el culpable?
Nos encontramos en plena explosión de ciutadans emprenyats, que expresan su descontento, su malestar, de manera airada contra aquellos a quienes se considera responsables de lo que nos pasa, lo sean o no. Los políticos, de cualquier condición y afiliación, ven cómo se les considera culpables de las exigencias y contrariedades de la vida cotidiana, tengan o no que ver con el asunto concreto de que se trate. Unos lo son por acción y otros, por omisión. Unos, por tener competencias en lo que acaece; otros, por formar parte del tinglado. Es quizá injusto, pensarán algunos de los incriminados, pero, de hecho, si cuando las cosas van bien les oímos atribuirse las buenas noticias, no podemos dejar de atribuirles las malas cuando ello acontece. Es una consecuencia más de la desconexión entre sistema político y ciudadanía. La erosión de confianza es significativa, tanto en el eje de la legitimidad (sentirnos próximos a los que se reclaman como nuestros representantes; compartir sus visiones y aspiraciones) como en el eje de la funcionalidad (su capacidad para proveer respuestas factibles a problemas colectivos). Y sólo se podrán restablecer los lazos si se logra trabajar en ambas direcciones. Un poco más de visión compartida, un poco más de gestión efectiva.
La fractura de los antiguos monopolios ha generado una notable difusión de responsabilidades
Vivimos en sociedades en que sus gentes han ido reduciendo vínculos o relaciones personales, de manera notable. Decía Ricardo Petrella que los tres elementos que han sido esenciales para fundar las comunidades y naciones contemporáneas han sido la identidad, la confianza y la solidaridad. Sin las dos primeras no habrá solidaridad, y sin solidaridad es muy difícil hablar de sociedad. El problema que tenemos es que cada vez somos menos sociedad porque no abunda la solidaridad, y van disminuyendo los espacios y bienes que podamos considerar propios o simplemente comunes, y que nos exijan así una administración compartida y consentida de esos espacios y bienes colectivos. No predomina la sensación de que estemos realizando una travesía colectiva y, por tanto, falta el sentido de que todos somos en parte responsables de lo que nos pasa o de los que no nos pasa. Es evidente que las cosas no han funcionado como deberían, y que hay claros responsables de ello. Pero no deberíamos obcecarnos con los mensajeros. La desconexión con la esfera pública convierte a los políticos, curiosamente, en lo único que nos une, al aparecer como diana preferida de un gran pim, pam, pum colectivo.
Por otro lado, la propia evolución de la gestión pública y de sus mecanismos de funcionamiento ha aumentado las incomprensiones y los desgarros. Se fragmentan las responsabilidades sobre los servicios básicos. Unos se ocupan de las vías y otros de los trenes. Unos agujerean y otros tapan. No hay una entidad que se ocupe del transporte ferroviario (ya no podemos proferir el clásico la culpa es de Renfe), sino diversas plataformas, agencias o empresas que comparten (o no) la tarea de ensamblar vías, trenes, pasajeros, información y mantenimiento. No hay alguien al que podamos considerar responsable único de que el agua que bebamos sea la mejor posible, sino que las culpas se distribuyen entre compañías, agencias reguladoras, confederaciones hidrográficas y ministerios y departamentos implicados. La mayoría de servicios públicos han sufrido los embates de la modernización y (como mostraba Ken Loach en su magistral La cuadrilla en relación con la privatización de los ferrocarriles británicos) los efectos de la segmentación de tareas y responsabilidades. La fractura de los antiguos monopolios en entes, agencias y empresas de todo tipo y grado de presencia pública ha generado una notable difusión de responsabilidades. Y, al mismo tiempo, ha provocado cambios drásticos en la política de personal, con centenares de jubilaciones anticipadas, proliferación de contratos de autónomo (dependiente) y generalización de la precariedad. El resultado ha sido muchas veces el encarecimiento de las prestaciones, el aumento de riesgos laborales y la reducción de servicios en los tramos o zonas menos rentables.
Las cosas básicas no son de todos, y cada vez lo son menos. El agua, el suelo, el aire, el sol, la educación, la salud... están viendo cómo se condiciona su acceso, cómo se facilita su uso privativo. Necesitamos recuperar el sentido colectivo que nos ayude a preservar aquello que resulta incongruente mercantilizar, ya que no puede ser objeto de una lógica que ponga por encima de los valores solidarios y humanitarios que fundamentan nuestra vida en común la apropiación privada de beneficios. El principio de la vida en común debería conectarnos con el principio de la democracia (entendida en su dimensión igualitaria y no sólo como reglas de selección de élites) y con el principio de una economía de bienes comunes y de responsabilidad individual y colectiva sobre los mismos. Tenemos abundantes ejemplos de propiedad común que, respetando importantes ámbitos de propiedad privada, mantiene la capacidad de decisión y gestión de bienes esenciales para la comunidad en manos colectivas. Ejemplos de ello los tenemos en nuestras tradiciones aún vivas en valles y pueblos, en explotaciones de agua o en muchísimas colectividades de América Latina, África o Asia. Necesitamos explorar vías nuevas de convivencia y solidaridad para no caer en la desesperación y en explosiones de malestar que apuntan únicamente a intermediarios poco decisivos. Nos sobra cinismo pragmático y nos falta voluntad utópica o, como diría Galeano, ganas de soñar.
