El Sindicato de Estudiantes convoca paros en los institutos

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para mañana paros en todos los institutos de la región como protestas "a las agresiones fascistas" ocurridas en la región. También habrá una concentración en la plaza del parque Amós Acero, conocida como la Plaza Roja de Vallecas, a las doce del mediodía. La protesta se hará bajo el lema "Carlos, hermano, nosotros no olvidamos" y "Juicio y castigo a los asesinos. Disolución de las bandas fascistas". De esta forma, quieren expresar su repulsa por la muerte de una puñalada de Carlos Javier P., de 16 años, el pasado domingo en la estación del metro de Legazpi.

La Coordinadora de Vecinos de Usera también ha organizado para mañana a las siete de la tarde una concentración similar en la plaza de Julián Marías.

Mientras, Alejandro Jonatan M. M., de 19 años, que resultó herido grave tras recibir una puñalada en un pulmón en la reyerta del domingo, continuaba ayer "estable, dentro de la gravedad", según informaron fuentes del hospital 12 de Octubre, donde se encuentra ingresado. Los médicos operaron a este joven, que fue el herido de mayor gravedad, el pasado domingo tras sufrir un traumatismo torácico.

Ilegalización

Los partidos politicos abrieron ayer el debate de la ilegalización de los partidos como Democracia Nacional, convocante de la manifestación a la que se dirigía el supuesto homicida. El vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada Presa (PP), se mostró a favor de esta medida con partidos de ideología extrema, sobre todo, cuando vulneren "en la práctica" la Constitución.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, abogó por abrir un debate sobre la ilegalización, porque, en su opinión, la Ley de Partidos debe aplicarse a todas las fuerzas políticas que "promueven explícitamente la violencia" y no sólo a aquellas que no la condenan.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, recalcó que para ilegalizar un partido político se necesita "una consideración bastante madura" amparada en "datos y pruebas" que determinen que una formación ha violado la Ley de Partidos.