Los minoritarios de Applus piden la escisión de la empresa
El culebrón de Applus se complica, a 10 días del plazo para que Aguas de Barcelona (Agbar) cobre el dinero por el que ha vendido esta filial de certificación e inspección de vehículos a Carlyle y Caixa Catalunya.
Applus opera en el mercado catalán de las ITV a través de dos empresas filiales. Los accionistas minoritarios de una de esas dos empresas -las familias Puignou y Marugan, que controlan el 49% de la filial ECA-ITV- exigen a los nuevos dueños de Applus o bien comprarles su 51% de la compañía o bien que acepten escindir la empresa en dos y seguir cada uno por su camino en solitario.
La escisión de ECA-ITV en dos empresas supondría, en la práctica, la irrupción de un nuevo grupo competidor en el mercado catalán de ITV, justo cuando la Generalitat prepara una ley para garantizar que Applus reduzca su acaparadora cuota de mercado (del 83% al 40%).
Las familias con el 49% de ECA-ITV quieren trocearla y seguir su camino
Los minoritarios han ganado tiempo para negociar con una suspensión judicial
Fuentes próximas a Applus aseguran que los nuevos dueños de la empresa, Carlyle y Caixa Catalunya, no tienen intención de vender su 51% ni de trocear la compañía.
Sin embargo, los estatutos sociales de la filial de Applus ECA-ITV establecen que cualquier acuerdo social trascendente "habrá de tomarse de acuerdo con una mayoría reforzada del 60%". De este modo, como los nuevos dueños de Applus sólo controlan el 51% del capital, no pueden tomar decisiones estratégicas sobre esta filial si no están de acuerdo los accionistas minoritarios. Éstos tienen derecho de bloqueo de decisiones.
Los minoritarios están intentando convencer a la Generalitat de que les permita tomar su parte de la empresa y funcionar de forma independiente, con el argumento de que se lograría así mayor competencia en el mercado. Pero las sensibilidades dentro del Gobierno catalán no son las mismas. El Departamento de Innovación, Universidades y Empresa defiende dar un plazo largo -en la práctica, hasta cinco años- a Applus para que ceda más de la mitad del mercado que controla. Presidencia teme que este plazo largo dé munición a Convergència i Unió (CiU).
Fue CiU la que había alargado inesperadamente la concesión de Applus antes de las elecciones de 2003, una decisión que fue considerada por la izquierda como la consagración de un duopolio que favorecía a una Applus entonces en la órbita de La Caixa. La izquierda anuló la prórroga de la concesión cuando llegó al poder y la empresa fue a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe pronunciarse al respecto.
Si, con el nuevo sistema normativo de autorizaciones que quiere el Gobierno de l'Entesa se permite en la práctica que la misma compañía siga copando el mercado cinco años más, CiU esgrimirá que para este viaje no hacía falta tanta alforja.
Así las cosas, los accionistas minoritarios de ECA-ITV han solicitado al TSJC que suspenda durante 60 días el proceso judicial, en el que piden ser admitidos como parte demandante, para cerrar un acuerdo global sobre el marco de las ITV. Es decir, buscan tiempo para negociar quedarse con su parte de la empresa.
