Sanxenxo intenta paralizar las obras de la vía del Salnés

Agentes de la policía local de Sanxenxo realizaron ayer un requerimiento a una veintena de operarios que trabajaban en el desdoblamiento de la vía rápida del Salnés "ordenando el desalojo" de una franja lindante, de 23.000 metros cuadrados de superficie que, según alega el Ayuntamiento, es de titularidad municipal.

El concejal de Seguridade Cidadá, Salvador Durán, del PP, reconoció a pie de obra que la actuación podía entenderse como "una medida de presión" contra la Consellería de Política Territorial, dirigida por los socialistas, a fin de que ésta reabra "las negociaciones" con las autoridades locales y asuma el coste del enlace con el parque empresarial de Nantes. Una actuación que el departamento que dirige María José Caride entiende debe costear el Ayuntamiento y que luego sea éste el que exija ese dinero -alrededor de 2,7 millones de euros, según los técnicos municipales- a los empresarios, tal y como figura en el borrador del convenio entre ambas administraciones.

La alcaldesa de Sanxenxo, la popular Catalina González, manifestó que "no se busca un enfrentamiento con nadie", pero que utilizan esta "baza" para que no se lleve a cabo "algo descabellado que es realizar la obra sin enlace". "Sería la primera vez en la historia que los vecinos de un municipio tiene que costear una obra autonómica de alta capacidad", dijo respecto a una situación que supone "un agravio comparativo" con otros municipios. Política Territorial señaló que los trabajos continúan "a un ritmo normal" y que los técnicos están revisando toda la documentación a fin de esclarecer la titularidad de ese suelo.

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Sanxenxo ya envió un requerimiento a la empresa concesionaria, Autoestradas do Salnés, y a la firma que está ejecutando las obras, Salnés UTE, advirtiéndoles de que carecen de la autorización municipal para ocupar un espacio que "están usurpando". La empresa ha aceptado trabajar sólo en suelo autonómico y en la tarde de ayer los técnicos se disponían a delimitar esa superficie. En cualquier caso, el concejal de Seguri-dad Ciudadana confirmó que la zona continuará bajo vigilancia policial y de no cumplir con el requerimiento, los hechos serán notificados al juzgado.

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, atribuyó ayer el contencioso a un "error" del Ayuntamiento, al que acusó de "llevar tiempo enredando" con la obra. Según Caride, la consellería se limitó a "expropiar los terrenos para llevar a cabo el proyecto" y su único propósito ahora es que "acaben las obras lo más rápido".

Por otra parte, vecinos de Poio se encerraron ayer en el Ayuntamiento para protestar por las expropiaciones de terrenos para la reforma de la carretera entre Combarro y Pontevedra.