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La Fiscalía solicita el alejamiento de las agresoras de Málaga

Las tres adolescentes, que grabaron la paliza, están acusadas de acoso

Fernando J. Pérez

Las tres adolescentes que agredieron a una compañera de segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del colegio Eduardo Ocón de Benamocarra (Málaga), después de haber sido expulsadas del centro durante un mes por el mismo motivo el pasado septiembre, no podrán, previsiblemente, acercarse a su víctima, de 13 años, durante un tiempo indeterminado.

Uno de los ocho fiscales de menores de Málaga tomó ayer declaración a las tres menores acusadas de la agresión, dos de 14 años y una de 15, y que grabaron con un teléfono móvil su ataque a la otra menor.

Las menores comparecieron ayer tanto por el incidente que se produjo el pasado 28 de septiembre, en el que supuestamente propinaron una paliza a la víctima que fue grabada en teléfono móvil, como por el ocurrido el pasado jueves, cuando supuestamente quemaron su mochila.

Tras la comparecencia el ministerio público propuso al juez de menores que las ponga en libertad vigilada con orden de alejamiento de su víctima, que ayer fue examinada por un médico forense. El fiscal acusa a las tres jóvenes de los delitos de acoso, lesiones e injurias.

Fuentes de la Delegación de Educación dijeron que se ha abierto una investigación, "por lo que, en el momento en el que se tenga constancia de que los hechos han sucedido así, se tomarán las medidas de sanción necesarias".

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, defendió las "medidas de corrección" para las menores y mostró su "apoyo" a las sanciones que decida aplicar el centro, del que dijo que dispone de "todos los medios para corregir unas conductas del todo reprobables".

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En declaraciones a los periodistas durante la inauguración de unas jornadas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Martínez incluyó, entre dichas medidas, la necesidad de que la dirección adopte iniciativas para que las jóvenes que la agredieron, que eran reincidentes en este tipo de acciones, "puedan ser recuperadas y tengan un proyecto de vida pleno".

Además, la consejera de Educación subrayó el papel que está llevando a cabo el propio centro educativo en el asunto y aseguró que "lo está haciendo bien", aunque la situación "es muy complicada".

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, señaló que no se puede "pedir única y exclusivamente responsabilidades a las administraciones públicas" porque de los hijos "los primeros responsables" son los padres.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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