Siemens cifra en 1.500 millones el coste de los casos de corrupción

"Limpieza". Peter Löscher, presidente de Siemens, repitió hasta 10 veces esta palabra en la presentación en Múnich de las cuentas de la multinacional alemana en su ejercicio fiscal de 2007. Pero a nadie le extrañó esta insistencia. Los casos de corrupción le han costado al gigante industrial 1.500 millones entre multas, devolución de impuestos y gastos de abogados.

Löscher, que tomó las riendas de Siemens hace cuatro meses, detalló por primera vez la factura total que ha supuesto para la mayor corporación industrial europea los sobornos y otras irregularidades con las que el grupo consiguió contratos. Esta factura asciende a 1.310 millones de euros. Es decir, que la operación de lavado de imagen ha costado más que los propios sobornos.

Por estos casos, Siemens ha pagado dos multas: una de 201 millones por la condena de un tribunal de Múnich y otra de 420 millones que le impuso la UE. Además, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno alemán para devolver 518 millones por deducciones fiscales indebidas. A esas cantidades hay que añadir los 347 millones de gastos legales (abogados, investigadores y auditorías).

Tolerancia cero

"Nuestra mayor prioridad es el cumplimiento de las normas y la tolerancia cero hacia cualquier práctica ilegal o no ética", clamó el austriaco Löscher, el primer presidente no alemán en los 160 años de historia de Siemens. La compañía ha tomado medidas disciplinarias contra 500 ejecutivos, de los que el 30% fueron despedidos y al 8% se les recortó el salario; el 62% restante sólo recibió una amonestación.

Pero los alemanes no han elegido sólo a Löscher para lavar la imagen de su mayor multinacional. También quieren que sea más eficiente. El antiguo ejecutivo de General Electric -el mayor rival de Siemens- prometió ayer recortar los costes generales entre un 10% y un 20%, pero eludió referirse al temido reajuste laboral.

Miles de trabajadores esperan la reunión órgano de gobierno en el que están integrados los sindicatos del 28 de noviembre, que podría aprobar un severo ajuste de plantilla. En Zaragoza, los 310 empleados de la fábrica de equipos telefónicos de Malpica no tienen ninguna esperanza. Saben que perderán sus empleos y sólo aguardan una solución pactada.