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Juicio a un policía por filtrar el "maldito" informe Agüera

El fiscal pide tres años de prisión por revelación de secreto

La ex concejal del PP de Málaga Rosa Agüera estalló ayer de rabia en la breve comparecencia que hizo como testigo en el juicio por la filtración de un informe policial sobre su vida privada. "Se ha producido un daño a mi persona, honor e imagen como consecuencia de un maldito informe lleno de falacias e injusto que pretende hacer una caricatura de mi vida y elevar a categoría de verdad cosas que no lo son", lamentó.

Pocas opciones más que la pura queja le han quedado a la ex edil después de que la Audiencia Provincial de Málaga no admitiera su escrito de acusación contra el oficial de la Policía Local que redactó el controvertido informe. En la vista iniciada ayer sólo se sienta en el banquillo el intendente mayor Juan Antonio Ferrer, acusado de un delito de revelación se secreto, por el que la fiscalía le solicita tres años de prisión al considerarle responsable de que el informe llegara a la prensa y se conociera.

Por qué se hizo un informe así no es cuestión de la causa penal, aunque dos años después sigue siendo una cuestión no aclarada, como evidencian los testimonios oídos en la vista. El informe en cuestión relataba costumbres laborales, religiosas y de ocio de la ex concejala y sus familiares. El propio superintendente jefe de la Policía Local, Pascual Sánchez Bayton, reconoció que "normalmente informes así no se redactan", aunque consideró que en esta ocasión era "un parte emitido por un inferior a un superior para que se corrigiera una actividad". Y es que, según el jefe policial, había "muchos puntos negros" en la seguridad de la edil.

El oficial Rafael Rubio reconoció ser el autor del informe con datos que le facilitó el escolta de Agüera, que quería que le relevaran del servicio, y con el objeto de mejorar la seguridad. Pero admitió también su excepcionalidad, tanto que dijo que no quería que ningún compañero lo conociera y por eso lo guardó en su armero personal.

El acusado, Juan Antonio Ferrer, afirmó por el contrario que "no era un informe para mejorar la seguridad, era un relato de una serie de actividades en las que los policías no tenemos por qué meternos". Ferrer negó haber filtrado el informe, que es el delito que se le imputa.

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