El consejero del Agua evita citar el trasvase del Ebro en las Cortes
Castellano subraya la lealtad institucional de la Generalitat en seguridad
La comparecencia de José Ramón García Antón en las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento estuvo pasada por agua. Pero el consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda evitó expresamente mencionar el trasvase del Ebro, el eje en torno al que el PP ha levantado toda una estrategia tan hídrica como mediática durante una década larga.
García Antón dejó bien claro que no quiere ni oír hablar del río Girona PSPV y Compromís recuerdan que el Estatuto prevé una policía autonómica
El socialista Francesc Signes le tentó cuando aludió a "la opereta" representada por el PP en el Congreso, donde formuló una enmienda que reclamaba 600 millones de euros para ejecutar las obras del trasvase del Ebro que, ante el plante de los populares de Aragón, modificó para reclamar la misma cantidad para las obras del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó.
García Antón movió la cabeza, pero no dijo una palabra. Ni en la réplica. La alusión le dolió y la trufó con una mención de Lluís Torró, de Compromís, a la nueva cultura del agua. "La nueva cultura del agua no es más que un nombre, y no basta nombrar algo para que exista", dijo (o confesó), "nuestra cultura del agua es la que compartíamos todos y que ahora, por razones partidistas, nos divide, donde decían 'trasvases sí', ahora dicen 'trasvases no'. Primero apuestan por el trasvase entre el Júcar y el Vinalopó y luego se lo cargan. Así les va. Aguas del Júcar [la empresa estatal constituida para ejecutar la canalización entre el Júcar y el Vinalopó] no solo no invierte, sino que renuncia a lo invertido y asegura que usará el canal del primer tramo para generar energía. ¡Mentira! Iberdrola no quiere...". El ingeniero desbocó al político.
García Antón no mencionó el Ebro, pero dejó claro que no quiere ni oír hablar del río Girona, cuyas aguas destrozaron el puente de Beniarbeig hace tres semanas. El Estatuto atribuye a la Generalitat la gestión de las cuencas de los ríos que nacen y mueren en territorio valenciano. El Tribunal Supremo ha subrayado esa responsabilidad en sentencia firme. Los presupuestos de la Generalitat prevén, de hecho, la institución de una Administración Hidráulica. Pero su dotación económica es nula. "Si vienen competencias, tendrán que venir con gente y dinero", sentenció García Antón para redondear una intervención que cimentó sobre dos carencias: la pérdida de unos fondos europeos que han sido muy generosos con el medio ambiente y la consabida alusión al modelo de financiación autonómica que no considera el aumento de población registrado desde 2000 en la Comunidad Valenciana.
El agua se llevó por delante la vivienda protegida, el medio ambiente, el fondo de equidad territorial establecido por la ley de ordenación y, sobre todo, las cuestiones urbanísticas.
Y el Estatuto recuperó protagonismo cuando Serafín Castellano desgranó las cuentas de la nueva Consejería de Gobernación. Castellano dijo y reiteró que la seguridad, uno de los ejes de campaña del PP, es la razón de ser de su departamento.
Mercedes Sanchordi, del PSPV, recordó que el Estatuto prevé la creación de la policía autonómica y apuntó cómo el Consell ha optado por negociar un "nuevo modelo policial" que atribuye algunas competencias a la unidad adscrita de Policía Nacional. Enric Morera, de Compromís, reclamó una policía autonómica integral, con comisarías en los Ayuntamientos, y tachó de obsoletas las aportaciones de la Generalitat para construcción o mejora de comisarías de la Policía Nacional o "cuartelillos" de la Guardia Civil.
Castellano, que el martes se reunió con Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, para constituir una comisión mixta de trabajo -"un instrumento básico, eficaz, eficiente"-, replicó con una loa a la lealtad institucional hacia el Estado. Solo aclaró que la Generalitat nunca reproducirá el modelo de los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, para evitar la falta de coordinación con el Estado, y que no tiene el más mínimo interés en gestionar las instituciones penitenciarias.
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