Violentar la Constitución indefinidamente

No puede caber duda alguna. El artículo 122.3 de la Constitución establece taxativamente que el Consejo General del Poder Judicial "estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años". Y, como no podía ser menos, la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula lo mismo, con un matiz: "nombrados por un periodo de cinco años por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el ministro de Justicia". Más aún, si se continúa la lectura de esta ley, se verá que, sólo tres artículos más adelante, el legislador recuerda que el CGPJ "se renovará en su totalidad cada cinco años". De nuevo, pues, un tiempo determinado -cinco años- establecido no de cualquier manera, sino por la Constitución y por ley orgánica.

Por más que se siga leyendo la Constitución o la LOPJ, no se encontrará ningún artículo que permita a los miembros del Consejo prorrogar indefinidamente su condición y seguir en el puesto como si tal cosa, percibiendo una retribución fijada "por toda la duración de su mandato". Esta corruptela no tiene base legal alguna, porque la ley, que marca con toda claridad el término del mandato, no podía admitir la posibilidad de una prórroga. Al contrario, precisamente para que no cupiera esta posibilidad y para garantizar que ningún miembro de este alto órgano del Estado se haga el longuis y se quede en su puesto por más tiempo del que marca la Constitución, ordena a su presidente que, con seis meses de antelación, se dirija a las Cámaras interesando que por éstas se proceda a la elección de los nuevos vocales.

Cinco años: ése es todo el tiempo que los veinte jueces, magistrados, abogados y otros juristas de reconocida competencia pueden ser miembros del Consejo. Si permanecen un día más en su vocalía ya se está violentando la Constitución y la ley orgánica cuyo cumplimiento ellos mismos tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar y vigilar. Estarían, por así decir, actuando al margen de la Constitución y de la ley. Tal vez no sea delito flagrante seguir en funciones por tiempo ilimitado; pero un escándalo sí que lo es, un escándalo diario y pleno, es decir, en todas las acepciones del término admitidas por la Academia en su diccionario. ¿Cómo pueden unos señores y unas señoras que no cumplen la ley que rige su propio estatuto actuar como vocales del Consejo encargado de que la ley se cumpla?

Se dirá: es responsabilidad de los políticos. Pues claro que es responsabilidad de los políticos. Pero a los políticos también hay que obligarles al cumplimiento de la ley. Y tal como están las cosas, con el Tribunal Constitucional perdido el rumbo en el laberinto de las abstenciones y recusaciones y con este Consejo General obligado a mantenerse en vida más tiempo del marcado por la Constitución, ya tenía que haber sonado hace tiempo el momento de las soluciones drásticas. Los magistrados, jueces, abogados y demás juristas que lo forman, sean del color que fueren, por poca autoestima que conserven, tenían que haber plantado cara hace tiempo a los políticos, haberse encerrado a pan y agua y haber respondido a los jefes que les obligan a seguir trabajando: preferiría no hacerlo, como aquel bendito Bartleby, que se echó a morir antes que realizar trabajos extra para su patrono. Su tiempo ha terminado va ya para un año, y no es cierto que su mandato pueda ser prorrogado. Prórroga es continuar por un tiempo determinado. Y con la Constitución y la ley en la mano, eso no es posible. De modo que, bajo la consigna de preferiríamos no hacerlo, todo el mundo a casa.

Dicho esto, moderación y un poco de sindéresis, no vaya a ser que le acusen a uno por incitación al desacato. Pero, la verdad, cuando un partido que cada dos por tres conjura el espíritu o fantasma de la transición -la última, para oponerse a la ley de reparación y ampliación de derechos de las víctimas de la guerra y de la dictadura- decide que aquí no se mueve ni un vocal del CGPJ sencillamente porque no le da la gana, algo habrá que hacer, algún resorte habrá que mover para poner fin a esta escandalosa situación mientras se revisa por enésima vez el mecanismo que la permite y aun la fomenta. Lo que no puede durar por más tiempo es que como a los inefables diputados Rajoy, Zaplana y Acebes, trío dirigente del Partido Popular, les interesa mantener la composición de un Consejo elegido en 2002, lleguemos a 2008 con veinte magistrados, jueces, abogados y juristas violentando la Constitución indefinidamente.