Un nuevo edificio de 11 plantas en Sants enfrenta a vecinos con el Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos del Paseo de Sant Antoni ha denunciado esta semana ante la Fiscalía de Barcelona al Ayuntamiento de Barcelona por la construcción de un edificio de 11 plantas en el barrio de Sants. El edificio ha sido bautizado popularmente como Torre Malaya en referencia al entramado de corrupción destapado hace un año y medio en Marbella.

Los hechos se remontan a 2004, cuando la constructora Sapic Habitat compró mediante subasta pública el terreno sobre el que se levanta el edificio. Sin embargo, parte de ese solar subastado estaba ocupado por la rampa peatonal que comunica la calle de Riego con el paseo de Sant Antoni. El Consistorio requirió entonces a la constructora la devolución del paso público y en compensación modificó el Plan General Metropolitano (PGM) para permitir a la empresa construir un edificio de 11 plantas en lugar de las 4 que marca la ley.

"Gracias a la torpeza del Ayuntamiento la constructora ha hecho el negocio del siglo", dice José Enrique Martínez, miembro de la asociación denunciante, al tiempo que se pregunta cómo el Ayuntamiento vendió una rampa para peatones. "Porque se puso en subasta como parcela única", contestó a este diario el gerente del distrito de Sants, Josep Sans. "Este hecho obligó a dejar esta superficie sin edificación, concentrando toda la edificabilidad prevista en la otra parte del solar", añadió Sans.

Antes de la modificación del PGM, en 2004 se abrió un periodo de alegaciones. CiU votó a favor de la modificación y el PP se abstuvo. Ambos grupos, entonces en la oposición municipal, criticaron el impacto visual que el edificio provocará en su entorno, pero no cuestionaron que se pusiera en subasta la rampa de la calle de Riego.

En el escrito presentado ante la fiscalía, este grupo de vecinos también denuncia que gran parte del solar sobre el que se levantará el inmueble pertenecía al Ministerio de Obras Públicas -ahora Fomento- desde 1968, y que el Ayuntamiento se lo ha apropiado de manera irregular. De hecho, durante el periodo de alegaciones, Renfe, dependiente de Fomento, pidió su inclusión en la lista de propietarios del solar. "Todo eso pasó hace mucho tiempo, pero estoy convencido de que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la legalidad", afirmó el gerente de distrito.

El edificio albergará 32 viviendas, un local comercial y 35 plazas de aparcamiento subterráneo. Los vecinos vinculan su construcción a la llegada del AVE al barrio y la oportunidad de negocio que eso supondrá.