El PP es incapaz de garantizar el apoyo de Rajoy al trasvase del Ebro

Los populares valencianos son incapaces de garantizar que el programa electoral de Mariano Rajoy para las generales recogerá explícitamente la ejecución del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. El secretario regional del PP, Ricardo Costa, se tuvo que emplear ayer a fondo para intentar convencer a los medios de comunicación de que del "silogismo" utilizado en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2008 -que pide una actualización del Plan Hidrológico Nacional (PHN) para que "contemple, sin apriorismos, (...) las transferencias de recursos hídricos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias"- se infiere que se mantiene viva la exigencia del trasvase del Ebro. "El Ebro, que yo sepa, es una cuenca excedentaria y el Júcar y el Segura, deficitarias", sentenció.

Los populares están divididos y Aragón y Cataluña han 'blindado' el río

Esta enmienda es a la que se aferran los populares valencianos para explicar que la reivindicación del trasvase del Ebro, que sí figura explícitamente en el programa electoral con el que Camps ganó las elecciones autonómicas, sigue vigente. "Rajoy y [Juan] Costa [coordinador del programa electoral] han dicho que las reivindicaciones del PP de la Comunidad Valenciana son las del PP", dijo Ricardo Costa, que añadió: "Si gana Rajoy habrá PHN y trasvase del Ebro".

Las manifestaciones contrastan con la decisión del PP de modificar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que reclamaban 600 millones de euros para las obras del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. Exigencia que se tuvo que modificar a marchas forzadas por las presiones del PP de Aragón, de tal modo que ahora los 600 millones ya no se reclaman para la transferencia del Ebro, que ya no se menciona en las enmiendas, sino para el trasvase Júcar-Vinalopó.

Además, la reivindicación sobre las aguas del Ebro por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, choca ahora con nuevas realidades fruto de las reformas estatutarias y las políticas del Gobierno socialista, que ha impulsado la desalación, el trasvase Júcar-Vinalopó y la recuperación de acuíferos. Estas son las principales cuestiones que dificultan las exigencias de Camps.

- Un derecho pendiente del Constitucional. El artículo 17 del Estatut d'Autonomia garantiza que los valencianos tienen derecho a los excedentes de otras cuencas que no discurren dentro de la Comunidad Valenciana. Un derecho que está pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional, que analiza los recursos planteados por aragoneses y manchegos con el apoyo del PP. Los dos recursos no se han acumulado y tienen distintos ponentes, que intentan consensuar una posición que sirva de doctrina frente al aluvión de recursos planteados en la guerra del agua.

- Enfrentamientos territoriales en el seno del PP. Los intereses de los populares valencianos y murcianos están enfrentados a los de sus correligionarios aragoneses, catalanes y manchegos. Los parlamentarios del PP de Aragón ya forzaron el año pasado la retirada de una enmienda de su propio partido en la que se pedían 300 millones para las obras del trasvase del Ebro. Un sector del PP nacional cree que en la Comunidad Valenciana se ha logrado ya el techo electoral (53% del voto) y que donde se puede recortar la diferencia en escaños con el PSOE es en Aragón y Cataluña. Objetivo que peligra si se incluye en el programa electoral de Rajoy el trasvase del Ebro.

- Blindajes estatutarios. Si el jefe del Consell abrió paso al agua en la reforma del Estatut, el resto de autonomías no se han quedado atrás. El Estatuto de Cataluña establece que serán necesarios los informes del Gobierno catalán para proceder a trasvasar agua de las cuencas que atraviesan su territorio. El Estatuto de Aragón fija la existencia de un caudal mínimo de 6.550 hectómetros cúbicos, que impide en la práctica las transferencias de agua. Y el Estatuto de Castilla-La Mancha fija el año 2015 como fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.

- Reserva de suelo en el aire. La decisión del Consell de evitar la ocupación del suelo sobre el que se dibujó el derogado trasvase del Ebro está en estos momentos en manos de los tribunales. Ecologistas en Acción recurrió esta reserva a principios de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia.El bautizado como Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras prohíbe el uso de unas 16.000 hectáreas a lo largo de 65 municipios por los que estaba previsto que pasase la tubería del Ebro. De hecho, la Consejería de Territorio ha utilizado esta reserva de suelo para rechazar dos planes urbanísticos por invadir los terrenos. El recurso de los ecologistas se basa en que la reserva de suelo del Consell invade competencias estatales. La Generalitat ya ha alegado y el pleito está pendiente de sentencia.

- Del trazado Júcar-Vinalopó a la enmienda chapuza. La retirada de la exigencia de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para el trasvase del Ebro ha dejado un esperpento de enmienda que será difícil de mantener. El PP reclama ahora dos veces (660 millones de euros) el coste íntegro del trasvase Júcar-Vinalopó, ya en ejecución. Aunque Camps sigue insistiendo en que quiere el viejo trazado, el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona tiene previsto concluir las obras del nuevo trazado, que llevará 80 hectómetros cúbicos a las comarcas meridionales, en diciembre de 2008.

El proyecto, presupuestado en 303 millones de euros, se inició a finales de 2005 y cuenta con 120 millones de ayudas europeas, casi un 40% más de lo que previsto para el antiguo trazado del PP. El trasvase diseñado por los populares costaba 225 millones de euros y preveía la toma de agua en Cortes, en el curso medio del Júcar, y no en la desembocadura tal como fija el trazado en obras, que tiene la toma en Cullera. Camps sigue reclamando la opción de Cortes pese a la oposición de los regantes de La Ribera.

- Las 'nucleares del mar' garantizarán el suministro. El 70% de los proyectos que afectan a las 10 desaladoras previstas por el Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana están en marcha. Hasta agosto, el Gobierno había adjudicado obras por importe de 176,5 millones para construir desaladoras que garanticen el suministro de agua potable. El Consell ha hecho de la desaladora de Torrevieja, la más grande del programa AGUA, el campo de batalla contra lo que tacha despectivamente como nucleares del mar. Aunque ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que ha hecho caer una a una las trabas burocráticas del Consell. Esta desaladora producirá 80 hectómetros cúbicos anuales y estará acabada a finales de 2008.