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Cullera reclasifica 10 millones de metros junto al 'Manhattan'

Los PAI de Brosquil y Marenyet están en zona inundable, según la oposición

El Ayuntamiento de Cullera desbloqueó el pasado martes dos proyectos urbanísticos situados junto a la desembocadura del río Júcar que supondrán en la práctica la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y la construcción de cerca de 15.000 viviendas. Estos planes se suman al de la Bega -más conocido como el Manhattan de Cullera-, donde están previstas 5.000 viviendas más, 1.100 protegidas, distribuidas en 33 torres de hasta 25 alturas.

El Consistorio cullerense sacó anteayer adelante con los votos favorables del PP, partido en el gobierno, la abstención del PSPV-PSOE y la oposición del APC (Alternativa Progressista de Cullera) el documento de concierto previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A los dos grandes PAI citados se añaden otros dos sectores urbanizables de tamaño menor. El documento se enviará ahora a la Consejería de Medio Ambiente para que dé, si procede, su visto bueno.

El PAI del Marenyet plantea la reclasificación de 5,5 millones de metros cuadrados, la edificación de 9.000 viviendas y un puerto deportivo con 1.100 amarres. La unión de empresas Rover Alcisa y Lubasa -a través de la sociedad Cullera Playa y Golf- se adjudicó a finales de 2005 la urbanización del PAI. La urbanización del PAI del Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas, fue a parar a la sociedad del ex presidente del Valencia CF Francisco Roig. El Grupo Roig buscó, tras convertirse en agente urbanizador, un socio y encontró a Llanera, compañía intervenida ahora judicialmente tras declararse en suspensión de pagos. Los interventores todavía no han aclarado qué proyectos de Llanera saldrán adelante. Otras sociedades (Bancaja, Blauverd y Sedesa) cuentan con terrenos en este proyecto, así como decenas de pequeños propietarios.

Ambos planes han tropezado desde que se hicieron públicos una notable oposición vecinal. El Gobierno, a través de la subdelegación de Valencia, está en contra de estos proyectos por la falta de informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el riesgo de inundación.

Pere Manuel, concejal de APC, siempre ha manifestado la necesidad de "consensuar la elaboración de ambos proyectos". Manuel advierte además de que el Patricova, plan de la Generalitat, declara todos estos terrenos inundables. "Y entre otros detalles que no podemos olvidar", agrega el edil de APC, "está el que la Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha pronunciado sobre si hay agua suficiente". Según el edil, ambos proyectos "podrían estar cogidos con alfileres, pendientes de decisiones de administraciones superiores y posibles contenciosos". El pasado martes votó en contra.

Joan Grau, portavoz del Grupo Socialista municipal, abogó por un plan "más sostenible y salvaguardando los intereses de los pequeños propietarios; el tiempo dará o quitará la razón a unos u otros". Grau dijo que su grupo se abstuvo en respuesta al amplio apoyo electoral que recibió el PP de Cullera, abanderado de estos proyectos urbanísticos, en los comicios municipales celebrados en mayo.

De entre los pequeños propietarios afectados por ambos PAI, los hay que esperan vender a buen precio y los que se oponen o los que confían en que el plan no se ejecute. De momento, la crisis por la que atraviesa la construcción ha parado las operaciones de compra de terrenos.

Al fondo, los terrenos donde se proyectan los PAI de la Bega, el Brosquil y el Marenyet, a ambos lados de la desembocadura del Júcar
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Al fondo, los terrenos donde se proyectan los PAI de la Bega, el Brosquil y el Marenyet, a ambos lados de la desembocadura del Júcar .jesús císcar

PP y PSPV rechazan una moratoria

Unos por "radical", otros por "drástica". Los diputados del PP y del PSPV estuvieron de acuerdo ayer al rechazar la moratoria urbanística que planteó ante la comisión de Medio Ambiente el diputado de Compromís Lluís Torró. La iniciativa solicitaba detener la tramitación y ejecución de cualquier proyecto urbanístico que afecte a la franja costera y hasta un kilómetro hacia el interior hasta que se hayan aclarado las leyes que rigen el desarrollo urbanístico en territorio valenciano. Torró apuntó que mientras la ley urbanística y la ley de ordenación del territorio se adaptan y readaptan a las directivas comunitarias y a la nueva ley estatal del suelo, se desarrollan "proyectos extremadamente agresivos" sobre un medio ambiente que ya sufre "daños irreparables y gravísimos" por la "desmesurada" urbanización que han sufrido en los últimos años.

Francesc Signes, del PSPV, asumió la "anarquía total" que revela la urbanización de la costa; que "una grave inseguridad jurídica" pesa sobre el desarrollo urbanístico valenciano y que es "urgente" establecer un marco normativo "estable"; y que el "un 69% de la costa está urbanizada sin ningún criterio". Pero en el otro extremo de la balanza situó "la importante función social del urbanismo" y "el colapso social y económico" que acarrearía la iniciativa de Compromís para sentenciar que "la moratoria no es la solución".

David Serra, del PP, afirmó que la moratoria "sería letal" para el desarrollo económico de la sociedad valenciana y para "la estabilidad y confianza de los sectores productivos".

José Ramón García Antón, consejero del ramo que ayer plantó a la comisión parlamentaria, comentó en un foro con constructores que "es el momento de dialogar para lograr una legislación urbanística más útil, operativa y respetuosa con el medio ambiente".

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