El juez imputa al ex concejal de Urbanismo de Vitoria

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria ha imputado al ex concejal de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, por un supuesto delito de prevaricación urbanística en el caso de los chalés de Ali. Ibarrondo ha sido citado a declarar el próximo 22 de noviembre por haber concedido permiso para levantar siete chalés en una superficie que legalmente sólo admitía seis. La denuncia partió de la fiscalía alavesa, que acusó del mismo delito al ex director del departamento de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, quien no ha sido imputado.

Ibarrondo tiene pendiente de resolución otra denuncia del fiscal por presuntas irregularidades en la tramitación de otra urbanización de viviendas unifamiliares en el barrio vitoriano de Ibaiondo, que tramita el Juzgado de Instrucción número 1.

El concejal del PP Javier Maroto aseguró ayer que el juez ha rechazado que haya delito en esta segunda causa. Sin embargo, Javier Martínez de San Vicente, abogado de los afectados, sostuvo que, de momento, el procedimiento sigue adelante y que el titular del juzgado no se ha pronunciado aún por razones de demora administrativa.

La investigación de la causa de Ali comenzará la semana próxima con la toma de declaración a varios testigos, entre ellos cuatro técnicos de la concejalía de Urbanismo. El objetivo es aclarar por qué el consistorio concedió la licencia de edificación de siete chalés en una parcela de 2.000 metros cuadrados, ubicada en el pueblo de Ali, en la que en principio sólo se podían levantar seis. El precio de cada uno supera los 550.000 euros.

"En este asunto, estamos tranquilos", indicó Maroto. El edil popular basa su afirmación en la documentación de la comisión municipal que investigó ambas promociones, que recoge la declaración de un funcionario municipal que avalaba desde un punto de vista técnico la concesión de la licencia. "Estamos convencidos de que Ibarrondo no ha cometido ningún delito", concluyó Maroto.

En contra de los técnicos

El fiscal jefe de la Audiencia alavesa, Josu Izaguirre, declaró ayer a la SER que interpuso la denuncia porque apreció la "posible existencia de un delito de prevaricación", ya que existía una petición de la constructora para levantar siete casas en esa parcela, que tanto el onsistorio como el ex concejal denegaron en un principio y luego terminaron aceptando.

En principio, el Ayuntamiento recalcó a la constructora que en esa parcela, de 2.000 metros cuadrados, sólo se podían construir seis viviendas. Izaguirre ha asegurado que, pocos meses después, la empresa volvió a presentar la misma petición, pero en este caso se concedió la licencia, aunque el terreno seguía siendo el mismo.

"Lo que unos meses antes no era superficie suficiente, meses después y sin elementos nuevos en el expediente, y en contra de lo que dicen los técnicos del Ayuntamiento, se conceden las siete viviendas", precisó.

El grupo municipal de Eusko Alkartasuna ha decidido personarse como acusación particular en la causa.

La empresa que construyó los chalés de Ibaiondo, que consiguió el respaldo de Urbanismo para aumentar en 54.000 euros el precio de cada una de las 24 viviendas, se ve envuelta estos días en otra polémica. La constructora Opacua, responsable de la construcción de 42 apartamentos tutelados en el centro de la ciudad, está vendiéndolos a precios superios a los pactados con el Ayuntamiento. La oposición asegrua que los incrementos llegan a un 36,12% en el caso de los pisos de un dormitorio, el 19,3% los de dos y hasta el 82,35% los garajes y sótanos.