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Un juez ve delito contra 4 'mossos' por romper el brazo a un detenido

Otros tres agentes han sido exculpados y ahora se abrirá el juicio oral

El juez lo califica de "incidente", porque las versiones de los hechos son muy contradictorias, pero lo cierto es que Alliou B. D., senegalés de 28 años, acabó con el brazo izquierdo fracturado cuando se encontraba detenido en los calabozos de la comisaría de los Mossos d'Esquadra. Lo que sí tiene claro el juez es que existen indicios de delito contra cuatro agentes de la policía autonómica. Por eso, después de unos meses de investigación acuerda que prosiga la tramitación del caso para sentar a los policías en el banquillo. Para ello, la fiscalía o la acusación particular han de solicitar la apertura de juicio oral.

Los hechos ocurrieron la noche del 28 de abril de 2006 en los calabozos de la comisaría central de Barcelona y es uno de los diversos incidentes que llevaron a la dirección del cuerpo a instalar cámaras ocultas de seguridad. Esas grabaciones acabaron revelando otros dos casos de malos tratos en la sala de cacheos que ahora está investigando la justicia.

Cuando se produjo el "incidente", el policía que mandaba en los calabozos era el cabo Ignasi S. V., con el carnet profesional número 7.276. Allí también estaban destinados los agentes José María V. C. y Francesc Xavier N. C., con los carnets 12.610 y 7.578, respectivamente. El cuarto mosso que acusa el juez es Manuel C. T., con el carnet 10.846, adscrito a la unidad instructora.

El detenido declaró al juez que "alguien" le separó el brazo del cuerpo y que otro policía "lo pateó hasta romperlo". Los policías, por su parte, relataron que el detenido se resistió a ser esposado y que en el forcejeo se produjo la rotura del brazo. La otra posibilidad sería una autolesión del detenido al pasarse las manos esposadas por debajo del cuerpo, pero parece la "más improbable", dice el magistrado Miguel Angel Tabarés.

En su opinión los cuatro policías "ejercieron fuerza física" sobre el detenido y esa actuación le produjo a Alliou B. D. "una deformidad del brazo iquierdo e impotencia funcional y fractura desplazada de un tercio medio del húmero izquierdo". Cuando quedó en libertad fue sometido a tratamiento quirúrgico y ortopédico.

Alliou todavía no se ha recuperado de aquella fractura y sigue teniendo una movilidad reducida. Su abogada, Laia Serra, explicó ayer a EL PAIS que las lesiones que sufre Alliou son definitivas, según afirman los certificados médicos que ha aportado al juzgado. Las luxaciones en el brazo izquierdo son periódicas y el hombre ya no puede trabajar en las tareas del campo como lo hacía antes de pasar por los calabozos, acusado de tráfico de drogas. Eso le hace peligrar, además, su residencia en España, al no cotizar a la Seguridad Social.

Durante la tramitación judicial del caso el abogado de la Generalitat solicitó el archivo argumentando que el detenido se contradijo en sus declaraciones. El juez admite que algunas de estas contradicciones son "ciertamente objetivas", como "la extraña descripción" sobre el número y la vestimenta de los policías". Sin embargo, añade que no le corresponde a él decidir si tiene más credibilidad la versión de los policías que la del detenido. Eso es una cuestión para el juicio.

Lo que resulta indiscutible, recuerda el juez, es "la existencia de unas lesiones" en el detenido, que son constitutivas de delito, y que los presuntos autores son unos agentes de policía en el desempeño de sus funciones. Por el contrario, el juez exculpa a otros tres policías que estuvieron imputados. En el caso de dos agentes, el juez entiende que "no existe ningún indicio que los implique", mientras que en el otro caso considera que no se ha podido demostrar cuál fue su participación. La defensa de la víctima no comparte ese criterio del juez y anunció ayer que recurriría la exculpación.

Por su parte, un portavoz de la policía autonómica declinó pronunciarse sobre la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 conocida ayer. Recordó que en su día se abrió una investigación reservada y que está paralizada a la espera de lo que diga la justicia. Si acaba con condena firme, los agentes pueden ser sancionados desde con un año de empleo y sueldo hasta con la expulsión del cuerpo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de octubre de 2007