La 'relocalización' de Ford

En términos vigentes y actuales podría decirse que Ford Almussafes "se ha relocalizado" en la Ribera, continuando su producción. El Acuerdo al que se llegó permite ir más allá de sus propios términos para enmarcarlo debidamente en un contexto global. Esta valoración parece haber pasado prácticamente inadvertida, con alguna pequeña excepción.

La mundialización es palabra de moda. Los lemas sobre la misma se reproducen casi día tras día. Me referiré a uno de ellos: el consabido "pensar en global y actuar en local". No parece, sin embargo, que, pese a tal contraseña, se piense en exceso en la realidad mundial actual y, mucho menos, que se actúe en consonancia con la misma en nuestro nivel local. Y es así, a pesar de que la globalización implica interdependencia de situaciones, países, empresas y, lo que me interesa aquí destacar, conlleva la internacionalización del trabajo.

Lo cierto es que se restriegan y repiten eslóganes y se suele eludir el desarrollo de contenidos y, sobre todo, planes de actuación. Sin embargo, pienso que UGT-Ford ha puesto en práctica lo que le venía exigido. Porque el Acuerdo encaja de lleno en la nueva realidad de la mundialización económica que está repercutiendo muy directamente en los acuerdos laborales y en la negociación colectiva de los países desarrollados. Y lo está haciendo, demasiadas veces, negativamente en los derechos de los trabajadores, como escribió hace tiempo Cándido Méndez. La capacidad de deslocalización y desinversión introduce, queramos o no, inseguridad en la ocupación y en los empleos. De ahí que si se desea atender "lo social", en pura consecuencia, hay que desgranar el discurso vigente de "la dimensión social de la globalización". Es decir, la forma de conseguir que la interconexión de las economías no perjudique, al menos, a nadie. Con tres palabras: que sea justa.

El hecho de que el sindicato firmante en Ford sea la central con más apoyo en el lugar de trabajo y la prolongada duración de las negociaciones -dos años- me hacen creer, de entrada, en que no ha habido cesiones en el cuadro de derechos laborales irrenunciables.

Antes al contrario, las medidas de flexiseguridad adoptadas están en el orden del día de la Unión Europea, de cualquier multinacional y en la agenda de todas las empresas que persiguen, como es debido, la mejora de su competitividad y, también, en la de las centrales sindicales, especialmente las de ámbito internacional. Tal concepto está en línea con la de garantizar los derechos de los trabajadores en el siglo XXI. Es decir, el siglo de las nuevas tecnologías, de la sociedad del conocimiento y, también, de los movimientos migratorios globales y de los países llamados emergentes con los que antes no se contaba. La adaptación de los productos a la variabilidad de las exigencias de los consumidores que los adquieren incide directamente en las actuales condiciones de la producción.

Simplificando, el concepto supone los logros de seguridad en el empleo y, a la vez, de flexibilidad en la organización y gestión empresariales. Ambas, flexibilidad y seguridad, es cierto que se esquivan como el fuego y el agua. Sin embargo, siendo las dos necesarias, se impone el equilibrio entre ellas mediante la negociación laboral.

La trastienda del Acuerdo, su telón de fondo, no ha podido ser otro que los escenarios relativos al propio centro de trabajo, al de la empresa multinacional, al del sector del automóvil y, en general, al de la mundialización económica en curso. En Detroit, conocida como Motor City o también Motown, se ha exigido una reducción del 30% del coste laboral por vehículo fabricado, según la prensa internacional. Renault y Nissan, por otra parte, han firmado recientemente un Protocolo de Acuerdo con el Gobierno de Marruecos, en presencia del Rey Mohamed VI, para fabricar sus coches en la nueva zona franca adosada al puerto Tánger-Mediterráneo. Es previsible lo que una zona franca como ésta puede significar en orden a la garantía de los derechos de los trabajadores, no solamente en materia salarial y de jornada laboral.

El portavoz de la General Motors americana, con anterioridad a la reciente huelga en esta empresa, afirmó que la voraz competencia empresarial existente hoy en el mundo ha permitido que "ya no queden vacas sagradas" en lo que a derechos sociales se refiere. Una provocación con consecuencias. Aunque, resulte innegable que la amenaza para los empleos existe y que el fantasma a mencionar se llama deslocalización o traslado de la producción a otros países por razones, entre otras, de costes menores.

No es cuestión de alarmarse ni de inquietarse, por el momento, porque tanto en España como, por ejemplo, en Francia, el desempleo debido a estos procesos no es todavía preocupante. El hecho, sin embargo, de que la palabra deslocalización se suela evitar, por imagen, en los pronunciamientos empresariales de grandes corporaciones nos revela que algo hay que poner sobre el tapete de la transparencia del diálogo social, antes de llegar a situaciones inevitables como la de Delphy en Cádiz, pongo por caso.

En toda esta complicada madeja, la responsabilidad y actividad públicas deber ser exigidas por la ciudadanía. La existencia, además, de miles de puestos de trabajo indirectos a cargo de proveedores, en el caso de Ford, orientaba hacia el necesario y producido respaldo de las instituciones, "centrales y autonómicas", para intentar salvar una parte importante del tejido industrial valenciano y apoyar a los trabajadores "indirectos" que carecen, por serlo, de capacidad de negociación con la empresa principal, no obstante resultar afectados por su evolución. El Acuerdo, trasciende el mero nivel regional. Pensando en global se suele acertar en lo local, sin que parezca existir, hoy en día, otra viable alternativa.

Francisco Arnau es Consejero de España ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y exdiputado nacional por Castellón.