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Julián Muñoz culpa de una licencia ilegal a los técnicos

Fernando J. Pérez

Julián Muñoz, cada día un poco más demacrado, recorrió ayer de nuevo el camino entre la prisión de Jaén y los juzgados para responder por una de las 106 causas urbanísticas en las que se encuentra inmerso. Sin embargo, a diferencia de las últimas cuatro ocasiones, el viaje no fue en balde y no se produjeron obstáculos para la celebración del juicio. En la vista oral sobre el llamado caso Artola -la concesión de una licencia para construir una casa en un suelo destinado a un centro educativo- Muñoz dejó una frase: "firmé convenios urbanísticos hasta en el capó de los coches".

La primera jornada del juicio, que se prolongará hasta el miércoles, acogió el interrogatorio de Muñoz y de sus ex compañeros de corporación Pedro Román -también en prisión por el caso Malaya-, Marisa Alcalá, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle y Dolores Zurdo. Faltaba Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, huido de la justicia. Todos se ajustaron con una precisión suiza a la música marcada por Muñoz, el primero en intervenir sobre las dos comisiones de gobierno de febrero y julio de 1998 en las que se otorgaron las licencias para construir una casa donde estaba previsto levantar un colegio.

Primer argumento: "No votamos a favor de las licencias, porque eran competencias exclusivas del alcalde [Jesús Gil]. Nos limitamos a asentir el informe técnico favorable que nos presentó el secretario municipal [Leopoldo Barrantes, que hoy acudirá al juicio como testigo]. Segundo argumento: "Nunca he tenido nada que ver con el urbanismo. Nos llegaba el expediente y no sé a qué parcela se refería ni cuál era su uso, me bastaba con que el secretario y los técnicos la dieran como favorable". Tercer argumento: "No recuerdo haber ido a ninguna de las dos comisiones ni haber tratado de este punto en el orden del día, ya que las actas no se firmaban y entrábamos y salíamos de la sala a menudo".

las defensas plantearon una cuestión prejudicial, rechazada por la jueza, al entender que se debía paralizar este procedimiento penal a la espera de que la jurisdicción contencioso-administrativa se ha pronunciado sobre la legalidad o no de este permiso.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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