Julián Muñoz culpa de una licencia ilegal a los técnicos

Julián Muñoz, cada día un poco más demacrado, recorrió ayer de nuevo el camino entre la prisión de Jaén y los juzgados para responder por una de las 106 causas urbanísticas en las que se encuentra inmerso. Sin embargo, a diferencia de las últimas cuatro ocasiones, el viaje no fue en balde y no se produjeron obstáculos para la celebración del juicio. En la vista oral sobre el llamado caso Artola -la concesión de una licencia para construir una casa en un suelo destinado a un centro educativo- Muñoz dejó una frase: "firmé convenios urbanísticos hasta en el capó de los coches".

La primera jornada del juicio, que se prolongará hasta el miércoles, acogió el interrogatorio de Muñoz y de sus ex compañeros de corporación Pedro Román -también en prisión por el caso Malaya-, Marisa Alcalá, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle y Dolores Zurdo. Faltaba Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, huido de la justicia. Todos se ajustaron con una precisión suiza a la música marcada por Muñoz, el primero en intervenir sobre las dos comisiones de gobierno de febrero y julio de 1998 en las que se otorgaron las licencias para construir una casa donde estaba previsto levantar un colegio.

Primer argumento: "No votamos a favor de las licencias, porque eran competencias exclusivas del alcalde [Jesús Gil]. Nos limitamos a asentir el informe técnico favorable que nos presentó el secretario municipal [Leopoldo Barrantes, que hoy acudirá al juicio como testigo]. Segundo argumento: "Nunca he tenido nada que ver con el urbanismo. Nos llegaba el expediente y no sé a qué parcela se refería ni cuál era su uso, me bastaba con que el secretario y los técnicos la dieran como favorable". Tercer argumento: "No recuerdo haber ido a ninguna de las dos comisiones ni haber tratado de este punto en el orden del día, ya que las actas no se firmaban y entrábamos y salíamos de la sala a menudo".

las defensas plantearon una cuestión prejudicial, rechazada por la jueza, al entender que se debía paralizar este procedimiento penal a la espera de que la jurisdicción contencioso-administrativa se ha pronunciado sobre la legalidad o no de este permiso.