Tribunal desgarrado

El Tribunal Constitucional (TC) está sumido en una batalla interna de carácter más político que jurídico, semejante a la que viene marcando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su situación de provisionalidad desde hace un año. La crisis de ambas instituciones está afectando al delicado equilibrio entre poderes propia del Estado democrático.

La permanente confrontación que paraliza al Constitucional ha sido en buena medida inducida desde fuera, como efecto del enfrentamiento entre el PSOE y el PP, pero ha acabado por encontrar receptividad entre los magistrados, enredados en querellas internas que hacen aparecer al Tribunal como una pieza más en la pugna entre partidos. La crisis se está haciendo crónica, sin que se observen intentos de encauzar las divergencias o siquiera pactar un acuerdo para detener la escalada.

Las relaciones entre los magistrados se envenenaron sobre todo a partir del cambio de criterio de algunos de ellos, que pasaron a apoyar la recusación de Pérez Tremps para forzar una mayoría de signo favorable al recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. De aquella iniciativa parte la madeja de abstenciones y recusaciones por las que unos y otros pretenden asegurar su propia mayoría frente a ese recurso, al precio de destruir la credibilidad del TC.

El mal tiene que ver con los criterios utilizados para designar a sus miembros, en los que cuentan más la sintonía ideológica con el partido patrocinador que la competencia profesional que exige la ley. Y tiene que ver también con unos procedimientos más propios de un zoco que de instituciones del Estado, que han permitido canjear un magistrado del TC por un consejero del Banco de España, por ejemplo. Ello explica que, a veces, el elegido carezca del deseable relieve profesional o mantenga posiciones jurídicas dudosamente constitucionales. El trato consiste en cerrar los ojos respecto a lo que propone el otro partido a cambio de que no cuestione los candidatos propios.

Desde el inicio de la legislatura se ha visto que el PP intentaba compensar su pérdida de mayoría parlamentaria potenciando el protagonismo político de la judicatura, en la que son mayoría los conservadores. Resulta significativa que su mayoría en el CGPJ haya forzado sendos informes no preceptivos sobre los dos recursos más importantes presentados por el PP ante el Constitucional: contra el Estatuto catalán y contra la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Ello revela una concertación que seguramente responde a una determinada estrategia de oposición. Porque no son sólo esas dos leyes, sino hasta 19 las recurridas por el PP en el Congreso o el Senado en lo que va de legislatura. No es un comportamiento normal. En una democracia, si no se está de acuerdo con las leyes, lo procedente es reformarlas o sustituirlas por otras en el Parlamento. Los tribunales no están para dirimir pugnas por el poder entre partidos, con los indeseables efectos que se dejan ver en el TC.