Vecinos presos

Nuestro país vive una crisis de transformación inexorable. En las mismas casas donde hace una generación estaban las vacas na corte bajo el sobrado, ahora tenemos Internet y vemos en televisón en color los partidos de la Champions y lo que haga falta. De productores a consumidores, de ir a la fiesta del patrono andando vamos al botellón semanal en auto, y de ir el domingo a la misa de la parroquia hemos pasado a ser los sábados parroquianos del hipermercado.

También estamos aprendiendo a dejar de ser súbditos para ser ciudadanos, llevamos retraso. Aprendemos a relacionarnos como ciudadanos con los poderes en general y con el poder del estado en particular. Con Franco la Guardia Civil mató a mucha gente, no sólo a guerrilleros antifranquistas, también a vecinos que defendían sus tierras, su vida. Galicia, algunos gallegos en concreto, pagaron un precio alto por ser la potencia energética que hoy es. Es necesario crear y tener energía, sí, pero sin olvidar el precio que se paga por ello. El precio lo saben los vecinos a los que les fue expropiada la tierra, en algunos casos con acuerdo pero casi siempre por imposición. Lo saben las familias desterradas de sus lugares inundados, esas aldeas en el fondo de un embalse. Y lo saben los familiares de los campesinos muertos por la Guardia Civil en Castrelo do Miño o Mazaricos. Como antes en Sofán y Nebra luchando para redimir los foros, la última esclavitud de nuestro campo. Sí, el Estado, que se presentaba en nuestras vidas a través de la Guardia Civil, nos ha tratado como a una población indígena conquistada.

Pero ahora van a ir presos tres conciudadanos nuestros, tres vecinos de la parroquia santiaguesa de Santa Lucía de O Eixo que, con el resto de la parroquia, defendieron lo suyo hace siete años ante el Ministerio de Fomento, que dirigía entonces el señor Álvarez Cascos, que tanto recuerdo nos dejó. Y que se llevó de aquí una medalla de oro de la Xunta que le entregó el entonces presidente Fraga. Durante meses los vecinos de esa parroquia se movilizaron para que el ministerio aceptase construir pasos para cruzar en ese lugar, una parroquia rural partida al medio por una carretera nacional donde había constantes atropellos con varias víctimas mortales. Una movilización de gente que nunca antes lo había hecho y está aprendiendo a moverse, gente trabajadora pero sin cultura de protesta: las mujeres y los niños al salir de clase por la mañana, y por la tarde, cuando la mayoría de los hombres han vuelto de sus trabajos, todos juntos. Finalmente llegan a un acuerdo con el ministerio para que construya unos pasos antes de abrir el nuevo carril, pero más tarde Fomento decide romper el acuerdo, quiere inaugurar y se renuevan las movilizaciones de los vecinos. Y una mañana la policía empuja y golpea a varias mujeres.

Hay una violencia difícil de explicar en que te partan tu parroquia en dos, que no puedas cruzar para ir a tus fincas, que los niños corran peligro para montar en el bus escolar y que cuando protestes unos señores altos y fuertes, protegidos con cascos y armados de porras, pistolas y munición golpeen a tu madre, a tu esposa, a tu hermana, a tu novia o a tu vecina. Es algo que a muchas personas les revuelve el interior.

Al día siguiente llegan desde A Coruña dos furgones con más hombres altos y fuertes, acorazados y armados para evitar que los vecinos corten el tráfico. No lo cortan, caminan por los lados de la carretera seguidos por esos hombres que han venido a la parroquia. Un muchacho de 13 años insulta a uno de los policías, él lo sujeta, el chaval no se deja, el policía se lo lleva a rastras hacia un furgón policial. Los vecinos se alteran y se abalanzan al policía, otros policías acuden y caen todos por un terraplén dándose golpes. Un policía recibe heridas en un ojo y en la nariz. De los vecinos, no constan las heridas.

Nueve años después tres vecinos entrarán en la cárcel. Es el fin de la inocencia para los vecinos de Santa Lucía do Eixo. Pasaron de súbditos a ciudadanos y a ciudadanos desengañados demasiado rápidamente. Aún no entienden lo que está ocurriendo, creían tener razón, pedían justicia. Han pagado ya 156.620 euros y van presos siete años. Durante siete años, uno no abrirá su librería, un automóvil oficial no tendrá chófer y alguien no reparará cañerías ni calefacciones. Piden un indulto.