Nueve de los once diputados del equipo de Txabarri siguen cobrando de la Diputación

La Diputación de Guipúzcoa continúa abonando todos los meses el 80% del salario a nueve de los once diputados del gabinete de Joxe Joan González de Txabarri que cesaron en julio pasado. Estos ex cargos públicos perciben en total 50.715 euros mensuales de las arcas forales, pese a que en la mayoría ya están colocados en empresas privadas o en instituciones públicas. Esta indemnización está recogida en la normativa sobre cesantías, que se aprobó en 2005 precisamente a instancias del gobierno foral saliente. El actual ejecutivo va a reformarla para hacerla más restrictiva.

La diputada de Presidencia, Edurne Egaña (PNV), admitió ayer en las Juntas Generales que sólo dos ex diputados han renunciado expresamente a cobrar la indemnización por cese. Uno de ellos es el actual diputado de Agricultura, Rafael Uribarren, el único que continúa en el gobierno foral tras el relevo. Se desconoce la identidad del segundo. Egaña se acogió al principio de confidencialidad recogido en la ley de Protección de Datos para dar más detalles. Los nueve ex diputados restantes siguen cobrando el 80% del salario bruto. El sueldo del diputado general es de 8.155 euros mensuales y el del resto de diputados, de 6.906 euros. Por lo tanto, la Diputación está desembolsando un total de 50.725 euros mensuales para hacer frente a las cesantías de los nueve diputados que no han renunciado a esta prestación.

En este supuesto se podría encontrar el anterior diputado general, quien al mismo tiempo que cesó como tal fue nombrado por el Gobierno vasco para ocupar la presidencia del Puerto de Pasajes. Estaría cobrando 6.525 euros de la Diputación, además del salario que tiene asignado como máximo responsable de la entidad portuaria. La mayoría de los anteriores diputados han reanudado su actividad profesional tras las pasadas elecciones, unos contratados por empresas privadas, otros empleados en otras administraciones públicas.

El cobro de las denominadas cesantías es un derecho legal que asiste a todos los diputados forales guipuzcoanos y está regulada por el artículo 50 de la norma foral 6/2005 sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración de Guipúzcoa. La normativa en Guipúzcoa es diferente a la existente en los otros dos territorios y a la que rige para los cargos del Gobierno vasco.

El mencionado artículo 50 dispone que los miembros del gobierno foral saliente tienen derecho a percibir durante un año una pensión mensual equivalente al 80% de su salario, que cobrarán de forma automática tras su cese, salvo que haya una renuncia expresa a cobrar esta indemnización. Esta redacción recibió el apoyo de todos los partidos políticos, a excepción de Aralar, que se abstuvo. Ayer, durante la comparecencia de la diputada de Presidencia sólo intervino la representante de este último grupo, Rebeka Ubera. Los portavoces del resto de los partidos callaron.

En su intervención, Egaña no hizo ninguna referencia las indemnizaciones que están percibiendo los altos cargos (directores generales) cesados, cuyo régimen de prestaciones está regulado por el artículo 53 de la misma norma, que establece muchas más restricciones que para los diputados forales.

En Vizcaya la situación es diferente. La Diputación ha repartido 32.787 euros entre cinco altos cargos cesados tras el cambio de legislatura, informa Alberto Uriona. Cuatro de ellos proceden de los departamentos que dirigía EA, en su anterior coalición con el PNV, y el quinto ocupaba una dirección del área de Cultura, en manos del PNV.

Como en la mayoría de la administraciones vascas desde 1989, en Vizcaya los cargos que solicitan voluntariamente las cesantías reciben el sueldo de un mes con la parte proporcional de la paga extra, con independencia de que reincorporen de inmediato al mercado laboral. Así, las cantidades abonadas han ascendido a 7.012 euros en el caso de los ex diputados forales (han salido dos de EA y uno del PNV) y a 6.524 euros para los directores. En uno de los casos se ha pagado también una prestación temporal que equivale al 40% de su sueldo durante un máximo de seis meses al encontrarse en paro. El abono de estas cantidades no está cerrado, ya que se pueden presentar más solicitudes antes de que acabe el año.

Desde 1999, la Diputación de Vizcaya ha abonado más de 315.000 euros entre los 39 altos cargos cesados.