La oposición fuerza al Gobierno a pactar un cambio en la normativa presupuestaria

Las resistencias de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, han resultado baldías y el Gobierno se verá obligado a modificar la legislación presupuestaria. La derrota a la que estaban abocados los grupos del Gobierno en el Parlamento, han aconsejado al tripartito pactar con la oposición una fecha, el 30 de abril, como tope para que el Ejecutivo remita un proyecto de ley con los cambios. Antes de eso, el jueves quedó ya aprobada una primera modificación, que impedirá que el Gobierno acumule años de retraso, como venía haciendo, en las leyes de liquidación de los presupuestos.

Las derrotas que el tripartito ha venido sufriendo en el Parlamento a lo largo de los dos años y medio de legislatura empiezan a materializarse en obligaciones para el Gobierno. Dos de ellas se han concretado esta semana en la Cámara y ambas atañen a la normativa presupuestaria. La primera quedó vista para pleno en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos. La Cámara modificará dos artículos de la Ley de Régimen Presupuestario, que obligan al Gobierno a presentar antes del 31 de mayo toda la documentación "relativa a la liquidación de los presupuestos" del ejercicio anterior. Antes la fecha tope era el 31 de julio. El cambio responde a una demanda del Tribunal vasco de Cuentas Públicas, que se había quejado de que esto le impedía fiscalizar el presupuesto a tiempo de que su informe pudiera acompañar al proyecto del año siguiente.

La segunda modificación es la que definitivamente terminará con la acumulación de retrasos. Establece que, dos meses después de que las cuentas hayan sido fiscalizadas por el tribunal, el Gobierno deberá presentar a la Cámara un proyecto de ley de liquidación de los presupuestos con toda la información que sea necesaria. El Gobierno no lo hizo desde 1999 hasta mayo de este año.

El Parlamento constituyó a propuesta del PSE-EE, y en contra de la voluntad de los tres partidos del Ejecutivo, una ponencia para que estudiara la modificación del régimen presupuestario de la comunidad autónoma. Todas las modificaciones buscan dotar de una mayor "transparencia" la gestión de las cuentas públicas. Este grupo de trabajo terminó su tarea el jueves. Los partidos del tripartito se avinieron a un acuerdo que, al final, ha girado fundamentalmente en torno a propuestas del PP. El Gobierno deberá recoger hasta 16 directrices en un proyecto de ley que modifique la vigente Ley de Régimen Presupuestario.

Muchas de las modificaciones responden a las carencias y defectos de la regulación presupuestaria en vigor sobre los que la oposición ha venido reclamando históricamente en la Cámara. Por ejemplo, el Ejecutivo deberá obligarse en dicho proyecto de reforma a incluir los remanentes de tesorería en la documentación que acompaña a los presupuestos de cada año. También deberá explicitar su uso.

Otra de las cuestiones a las que el Gobierno tendrá que dar respuesta es a la exigencia de la oposición de que realice una clasificación territorial del gasto. Así, la Ley de Régimen Presupuestario modificada incluirá con claridad el deber del Gobierno de incluir, con cada proyecto de ley de presupuestos y con cada liquidación posterior, esa especificación de lo gastado en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya de modo separado. Además, tendrá que explicar los criterios que ha utilizado para el reparto y justificar las partidas en las que considere que esa clasificación por provincias le resulta imposible de realizar.

Igualmente, el tripartito accedió a la creación de una Oficina Presupuestaria en el Parlamento, que deberá ponerse al servicio y asesoramiento de la labor de control de la oposición.

Las directrices a las que el Gobierno deberá atenerse incluyen indicaciones en cuestión de ingresos no previstos, de regulación de las prórrogas presupuestarias, de coherencia en la contabilidad y del uso de mecanismos que permitan relacionar el gasto en políticas públicas del Gobierno con el de otras instituciones, para facilitar de este modo el control de la planificación y la coordinación entre ellas.

La ponencia ha aprovechado incluso para dictar al Gobierno la indicación de que preste "especial atención" a la aplicación de un lenguaje no sexista en la documentación presupuestaria, tras e haber constatado que los textos del Departamento de Hacienda son de los menos cuidadosos en este aspecto.