Recetas y disparates

No hay mayor ciego que el que no quiere ver, pero hay miradas refractarias que simulan ceguera porque ven sólo lo que quieren ver. Así, para Ibarretxe I Diásporo, célebre teócrata vascongado, el problema de Batasuna es simplemente un problema de ideas. "El camino no es el de ilegalizar las ideas", nos dice el hombre, rodeado de diaspóridos felices y olvidándose de los vascos infelices. En efecto, el camino no es el de ilegalizar las ideas, pues de ser así no cabe duda de que también hubieran ilegalizado las suyas -tentación que, dicho sea de paso, no deja de rondar por las cabezas de los de la amplia tribu los banderines-. No, el camino es el de la ilegalización del crimen, que es de lo que se trata, aunque él parezca no darse por enterado y aunque a muchos nos causen reparos los equívocos y arbitrariedades que está provocando la aplicación de esa ley necesaria.

En el Ulster, en efecto y como nos recuerda nuestro hombre, el Gobierno británico no ilegalizó el Sinn Fein, pero suspendió la autonomía y envió allí el ejército, recetas que, si el Gobierno español las hubiera aplicado en Euskadi, no nos hubieran permitido conocer a nuestro actual lehendakari ni a sus predecesores, y que habrían tenido un resultado final muy similar al que han tenido en el Ulster: una autonomía pírrica con un gobierno coasociado en el que no hubiera participado el PNV. Supongo que hoy el señor Ibarretxe estaría encantado con un gobierno Batasuna-PP, o similar, y sin Concierto Económico. Con todo, lo más triste de esa conclusión hubiera sido el inmenso vacío que habría padecido la diáspora, ya que, falta de conocerlo a él con la llegada del segundo milenio, habría tenido que esperar al tercero para vivir tamaña exultatio.

No menos sagaz que el lehendakari se nos presenta, entre los vapores emocionales del Kilolitroak, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, para quien los últimos atentados de ETA y los actos de kale borroka suponen "volver a recetas del pasado", que se ha visto que no conducen a "vías de solución". ¿De qué habla esta señora que confunde la pervivencia del crimen con un recetario y que admite la posibilidad de que el crimen haya podido ser la vía de solución del crimen? Habla, al parecer, de ideas, como su jefe teólogo, de ideas que un día pudieron valer pero que hoy no sirven, ideas que, si las cuantificamos, resultan ser 800, es decir, 800 asesinatos, a los que hay que añadir miles de damnificados y decenas de miles de perseguidos, asesinatos y perjuicios que la señora consejera convierte en recetas. ¡Cielo santo!, ¿cómo podemos soportar a estos dirigentes sin caer en la vileza?

¿Y cómo podemos soportar igualmente la confusión en la que nos ahogamos? Volemos a la tregua. En su transcurso, era factible que cualquier enviado gubernamental pudiera entrevistarse con discreción con miembros en activo de ETA sin que el hecho constituyera un delito, pero era objeto de persecución policial cualquier contacto de esos mismos representantes con miembros de Batasuna, situación que nos resultaba incomprensible. Los contactos con ambas organizaciones ilegales respondían a una decisión política del presidente del Gobierno, respaldada por el Congreso y legítima por ello, para tratar de poner fin a cuarenta años de horror.

Curiosamente, esa decisión condujo a un conflicto entre poderes, de tal forma que la actuación de los jueces hacía inviable una decisión política del Ejecutivo que contaba con el acuerdo parlamentario, situación que provocó un dictamen del Supremo que puso las cosas en su sitio, aunque hoy todo el mundo parece haberlo olvidado. El hecho resultaba aún más absurdo porque se aplicaba una ley, la de Partidos, para impedir unos contactos que trataban de superar las circunstancias que constituían la razón de ser de la ley misma. No se me ocurre otra cosa, para explicar esa anomalía, que recurrir a un atraco con rehenes que se hubiera solucionado gracias a las negociaciones entre atracadores y policías, pero que hubiera conllevado el procesamiento de unos y otros no por el atraco, sino por las conversaciones para resolverlo.

Lo que el célebre proceso fallido demostró fue que la ley de Partidos, necesaria para combatir a ETA, podía convertirse en un fórceps político, al determinar la única vía política posible para dar fin a un problema que no por terrorista deja de ser político. Un disparate que vuelven a poner de actualidad los malévolos corifeos del por qué sí ahora y no entonces, corifeos entre los que los dirigentes del PP y nuestro Gobierno vasco se llevan la palma.