Educación para la ciudadanía ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde?

La oposición a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), en la que ha tenido especial protagonismo una parte importante de la jerarquía católica, utiliza cono argumento principal el siguiente: "Su objetivo es la formación de la conciencia moral de los alumnos. Se intenta imponer una formación moral determinada". Pero nadie demuestra cómo ni por qué. La realidad es que nuestra sociedad es plural en lo cultural, en lo ideológico y en lo religioso. Parece razonable definir unos principios básicos de convivencia, como elementos de una ética civil común. Entre los objetivos oficiales de EpC, no se encuentra nada que pueda calificarse como adoctrinamiento o ataque a ninguna moral racional determinada, ni mucho menos a la católica. ¿O es que un sector de la Iglesia no está de acuerdo con el respeto a los derechos humanos, a las personas de otras culturas, a los y las homosexuales que deciden vivir su opción personal? Si es así, dígase de una vez. ¿Se quiere seguir apedreando con el desprecio y el rechazo a las personas separadas y divorciadas que rehacen su vida, a tantas realidades familiares nuevas? A veces, parece que algunos desde las alturas han olvidado lo de la primera piedra. Por cierto, uno de los pocos estados del mundo que aún no ha firmado la Carta de los Derechos Humanos es el Vaticano. ¿Hasta cuándo?

¿Pretende quizá alguna iglesia o religión concreta el monopolio de la formación moral de las sociedades plurales y democráticas? ¿Qué ocurre cuando se ignora a las mujeres, impidiéndoles llegar a determinados cargos o dignidades que se reservan para el varón? ¿O cuando en caso de adulterio se lapida o ahorca a la mujer, despachando al hombre con unos azotes o una reconvención? Familias educadas así están entre nosotros. Es razonable que la sociedad se proteja de determinados comportamientos y que a las futuras generaciones de esas familias se les ofrezca la posibilidad de conocer y adoptar otros códigos de conducta. Las religiones no pueden ni deben tener el monopolio de la formación. Por otro lado, es cierto que las familias son las primeras responsables de educar. Pero no son las únicas, ni las más eficaces. No pueden pretender reservarse en exclusiva toda la competencia en cuestiones morales e ideológicas, pues eso es imposible y hasta peligroso. Los niños/as no son juguetes, ni barro moldeable. Son personas creciendo para ejercer sus responsabilidades en libertad.

¿Puede un estado democrático implantar en la escuela una asignatura con elementos filosóficos, políticos y morales? La respuesta es sí, como dice el Consejo de Europa. Además, esto se ha estado haciendo a través de asignaturas como la filosofía, la ética o la propia religión. Asimismo, la historia y la economía -que también contribuyen a formar a la persona- se pueden enseñar de formas muy distintas. Pero no importa. Se ha tomado con la EpC.

Qué ha ocurrido?. Pues una especie de comunión de intereses de la derecha política y la derecha religiosa. Unos, para sacar tajada electoral. Otros, para mantener posiciones de privilegio con la formación y control de las conciencias, apegados quizás a conceptos de poder poco compatibles con su fundador, Jesucristo. No es aceptable, tampoco, que el Gobierno permita que se degrade sustancialmente la EpC, para contentar a todos, En esto no caben rebajas por intereses electorales. ¿Hasta dónde?

También hay peligros a evitar, como que la EpC se convierta en el único reducto de la formación en valores olvidando actitudes como el respeto y la tolerancia, que deben seguir presentes, transversalmente, en todas las materias, o que el debate actual camufle los problemas reales de nuestro sistema educativo (elevadas tasas de abandono y la convivencia).

En contra de la EpC puede haber gente de buena fe. Pero también hay añoranza por algunos de una sociedad autoritaria, conservadora y cerrada, donde se excluía al diferente. Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos ya está curada de ciertas nostalgias.

Ignacio García es parlamentario andaluz y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Educación.