El Gobierno traslada a Camps y Montilla el futuro de TV-3

El Gobierno central subraya en una repuesta parlamentaria que "la solución definitiva" al "problema" suscitado por las emisiones de TV-3 en la Comunidad Valenciana "ha de pasar por un acuerdo entre las dos comunidades autónomas implicadas, acuerdo que sólo puede ser alcanzado por los Gobiernos autonómicos", puesto que los problemas técnicos que implicarían al Estado ya se han resuelto.

La Federación de Enseñanza de CC OO condena la multa a Acció Cultural

Jordi Vilajoana, diputado nacional de Convergència i Unió, remitió una pregunta parlamentaria al Gobierno para conocer qué iniciativas ha llevado a cabo el Ejecutivo para evitar el cierre de las emisiones de TV-3 y Canal 33 en la Comunidad Valenciana y para conceder el segundo canal autonómico múltiple de Televisión Digital Terrestre (TDT) a la Comunidad Valenciana que garantizaría la continuidad de esas emisiones.

La respuesta del Gobierno recuerda que el compromiso adquirido por el ministro de Industria el pasado 8 de mayo para conceder a la Comunidad Valenciana el segundo múltiple de TDT se cumplió el pasado 20 de junio a través de una orden ministerial. El Gobierno subraya al respecto: "La planificación del segundo múltiple de TDT en la Comunidad Valenciana, al igual que en el resto de las comunidades autónomas que lo han solicitado, se ha realizado, exclusivamente, mediante criterios técnicos y de disponibilidad del espectro radioeléctrico". La respuesta gubernamental sigue: "Esto puede suponer una vía de solución para el problema de las emisiones de TV-3 en la Comunidad Valenciana, tal como ha manifestado el propio consejero", Vicente Rambla, vicepresidente y portavoz del Consell.

Despejados los obstáculos técnicos, el Gobierno subraya lo obvio: "Hay que recordar, en cualquier caso, que una solución definitiva a dicha cuestión, ha de pasar por un acuerdo entre las dos comunidades autónomas implicadas, acuerdo que sólo puede ser alcanzado por sendos Gobiernos autonómicos".

El Consell impuso el pasado 24 de septiembre una multa de 300.000 euros a Acció Cultural del País Valencià, propietaria de los repetidores de TV-3 en la Comunidad Valenciana, y le exigió cesar la emisión en un plazo de diez días hábiles alegando que no se ajusta a la legalidad. Simultáneamente, portavoces gubernamentales valencianos y catalanes aseguran estar negociando al respecto y sugieren que el único problema reside en la capacidad del segundo múltiple de TDT, que sólo abarca áreas urbanas.

La Federación de Enseñanza de CC OO condenó ayer la multa impuesta a ACPV y apuntó que "el Consell se comporta de forma arbitraria y autoritaria al quitar a los valencianos el derecho a ver TV-3".