Sin permiso para ejercer de padre

Los padres de Jared preparan su fiesta de cumpleaños en su casa de San Fernando (Cádiz). Celebran los dos años del niño y también que, tras meses de miedo y enclaustramiento, pueden salir juntos a la calle sin temor a que el padre de Jared sea devuelto a su país, Venezuela.

Omar Antonio Serrano, de 25 años, llegó a Cádiz en octubre de 2005. Había conocido a su pareja, Patricia Rodríguez, por Internet, y tras varios años de relación a distancia ella dio el salto y viajó hasta Venezuela. Él, que había estudiado Contabilidad y Finanzas, hacía prácticas en un ministerio, pero el trabajo no les daba para vivir. España parecía un destino más seguro. Para cuando tomaron la decisión de trasladarse, la gaditana llevaba varios meses embarazada.

"Yo tenía amigos inmigrantes en España y sabía los problemas que habían pasado. Pensaba que si daba a luz aquí, siendo yo española y el niño también, él lo tendría más fácil para regularizar su situación. Tuve que llorarle al médico para que falseara los datos de mi embarazo y me dejara volar a un mes de salir de cuentas". Poco después del nacimiento de Jared, su padre viajó a España para reconocer al niño y establecerse con su familia. Creía que con un hijo español no tendría dificultades para lograr el permiso de residencia. Se equivocó.

La Subdelegación del Gobierno de Cádiz denegó la autorización. "Al principio me dijeron que por falta de documentación", señala Serrano, "pero no me supieron especificar qué papeles me faltaban. Se limitaron a decirnos que lo buscáramos por Internet". La pareja insistió. El arraigo familiar se considera una circunstancia excepcional válida para otorgar a un inmigrante el permiso de residencia, así que Omar Antonio Serrano alegó que tenía un hijo español. "Les traté de convencer, pero respondieron que no estaba establecido como motivo suficiente", cuenta.

No sólo no logró sus papeles, sino que tras denegarle el permiso, el venezolano se vio obligado a acudir a la comisaría para que sellaran en su pasaporte una orden de expulsión. Le daban 15 días para abandonar España. Sin su hijo.

De eso hace más de un año. Desde entonces, Serrano ha vivido con miedo a ser deportado. Su esposa recuerda que lloró cuando le denegaron el permiso. "Sabía que si lo cogían, se lo llevarían y no podríamos hacer nada. Por temor no salíamos de casa, por no tropezarnos con un policía. Él iba de su trabajo en una frutería a casa. Parecía que estábamos presos, que habíamos hecho algo malo".

La pareja acudió a la asociación Cardijn, una organización de apoyo a inmigrantes con sede en Cádiz. Los abogados de la asociación llevaron el caso a juicio y en septiembre de este año, por fin, llegó la resolución. Jared podrá crecer junto a su padre, un derecho que recoge la Constitución para todos los niños.