El Gobierno vasco y el PP tildan de política y electoralista la operación contra Batasuna

La detención de 23 dirigentes de la organización ilegal Batasuna desató ayer la indignación de todo el nacionalismo vasco y navarro, que ve detrás de la operación la mano del Gobierno. Iñigo Urkullu, portavoz del PNV, atribuyó las detenciones a las "frustraciones e intereses electoralistas" del PSOE. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, dijo que la Audiencia está "al servicio de intereses ajenos", y desde EA se acusó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "usar la Justicia, como hacía Aznar, con objetivos partidistas". El PP opinó que la operación demuestra que durante tres años se ha hecho "la vista gorda" con Batasuna y se pregunta si el Ejecutivo no ha impulsado las detenciones para ganar las elecciones.

El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó de "buena noticia" la operación y dijo, refiriéndose al Gobierno, que "rectificar es de sabios". Después pidió a Zapatero "una afirmación clara de que no negociará con ETA" e ilegalizará ANV. Si se produce esa rectificación, Rajoy aseguró que respaldará al Ejecutivo; si no, él tendrá que "decir a los españoles" lo que piensa.

Ignacio Astarloa, secretario de Justicia del PP, subrayó los "disparates" que se han hecho en política antiterrorista esta legislatura, cuando Zapatero hacía "la vista gorda" argumentando que las reuniones de Batasuna eran el ejercicio de derechos individuales y que cuando convocaba un acto lo hacía la izquierda abertzale. "Anoche [el jueves] ya no era un acto de la izquierda abertzale ni un derecho individual", ironizó. Su compañero de partido y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja se preguntó si las detenciones se han hecho para ganar las elecciones y si esto será sólo "el descanso de una negociación que vive su intermedio".

El nacionalismo vasco salió en tromba contra la operación. Prácticamente ningún dirigente mencionó que los arrestados lo fueron por formar parte de ETA, y que la operación fue ordenada por el juez Baltasar Garzón, no por el Gobierno. Sólo el consejero vasco de Interior, Javier Balza, criticó a Batasuna por no ser capaz de dar "el paso que la sociedad les reclama" y desvincularse de la banda. "Ni lo han dado ni creo que lo vayan a dar nunca", afirmó. Balza advirtió de que "detener a toda la representación de un porcentaje alto de la sociedad vasca puede hacer perder vías de interlocución" que podrían ser necesarias "en un momento determinado", pero añadió que, en cualquier caso, "lo que pueda ser la línea política debe estar supeditada a la decisión judicial".

Más crítico fue Iñigo Urkullu, probable sucesor de Josu Jon Imaz como presidente del PNV. "Todos sabemos que las 23 personas detenidas tienen una responsabilidad política al frente de la autodenominada izquierda abertzale", dijo Urkullu, que cree que la operación responde a una "aplicación interesada de la ley". "Que la ley se aplique en base a frustraciones e intereses electoralistas no ayuda nada al camino que tengamos que recorrer para resolver el conflicto político y para un proceso de pacificación", añadió. Y abogó por adaptar la ley a los "contextos, como se ha hecho recientemente".

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, opinó que la Audiencia Nacional está "al servicio de intereses ajenos" y criticó la "gran hipocresía política" del Gobierno del PSOE, que "se reunió en mayo para hablar del futuro político del país" con los mismos que ahora han sido detenidos.

"Pretenden romper la sociedad vasca, romper nuestras esperanzas, nuestro futuro, encarcelando masivamente a personas", protestó Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna (EA). Denunció el "inequívoco impulso político de esta orden" y anunció su intención de ir a visitar a los dirigentes de Batasuna a prisión.

Nafarroa Bai, la coalición nacionalista de Navarra, consideró que "no es de recibo" calificar como delito "una reunión de personas desarmadas para hablar y concertar cuestiones políticas".