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PSOE e IU quieren que Aguirre asuma la responsabilidad política por el 'caso Porto'

Ecologistas en Acción se personará en la querella de la Fiscalía Anticorrupción

La oposición (PSOE e IU) arremetió ayer contra el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) y reclamó responsabilidades políticas tras conocerse la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), por supuesto tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, vinculó las supuestas irregularidades cometidas por Porto con el problema de la vivienda en la región y aseguró que la actuación del ex director general de Urbanismo supuso "un grave perjuicio a los ciudadanos". Por eso su grupo pedirá explicaciones políticas. Precisó que, dado que Porto no es director general (dimitió tras salir a la luz la supuesta trama de corrupción urbanística) ni tampoco ocupa el cargo de consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el entonces titular, Mariano Zabía, la responsabilidad recae en Esperanza Aguirre. "Que sí sigue siendo presidenta", puntualizó Menéndez.

La portavoz agregó que habrá que esperar a la sentencia judicial para "pedir explicaciones". Luego precisó que se refería a exigir responsabilidades jurídicas a Porto. También la portavoz de IU, Inés Sabanés, pidió al PP que "dé la cara". "La dimisión de Porto ni cerraba ni tapaba las irregularidades presuntas que se habían cometido", recalcó.

Sin embargo, el portavoz del PP, Antonio Beteta, cerró filas con su antiguo director general: "Habrá que ver el recorrido de este asunto y primar la presunción de inocencia. Cuando haya una resolución judicial, se podrán hacer valoraciones políticas".

La organización Ecologistas en Acción anunció que se personará como acusación en la causa abierta a instancias de Anticorrupción. Esta asociación reclama que se paralice el plan general de Villanueva de la Cañada. También asegura que la recalificación de montes preservados se ha llevado a cabo, además de en el Sector I Los Pocillos, en el Sector III El Castillo y en otros planes especiales, como el de la circunvalación llamada la Vía de Ronda. Por eso, quieren que se impida la afección de los proyectos urbanísticos a los montes preservados y al Parque Regional del Guadarrama.

Ecologistas en Acción recuerda que su grupo presentó una denuncia por los mismos hechos que ahora son imputados por la Fiscalía, en febrero de 2005. "Si bien la denuncia permanece estancada en unos tribunales que hasta ahora no se han preocupado de investigar unos hechos gravísimos", matizan.

El urbanismo de Villanueva de la Cañada se rige por un plan general que data de 1998. En ese ordenamiento aparecían seis sectores para desarrollar. Dentro de ellos se encuentra el sector I Los Pocillos (1,4 millones de metros cuadrados), en el que está previsto edificar 3.000 viviendas. Su construcción no ha empezado.

Porto poseía terrenos en este sector. La Comunidad rechazó el plan parcial para edificar porque presentaba deficiencias como la inclusión de 45.030 metros cuadrados de monte preservado como aprovechamiento urbanístico. Así se aumentaba la edificabilidad. Porto consiguió desbloquear el sector cuando era director de Urbanismo. La venta del suelo le reportó más de un millón de euros.

También el sindicato CC OO planteó que se pongan "en cuarentena" las tramitaciones urbanísticas diseñadas o iniciadas bajo el mandato de Porto para "salvaguardar el interés general".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de octubre de 2007