"Actuaremos de oficio contra las listas de espera en la Sanidad"

La oficina del Valedor do Pobo comunica por una puerta con la sede del Parlamento gallego mientras la otra da directamente a la calle. Esa decisión del arquitecto le recuerda cada día a Benigno López (1952, A Coruña) su reto fundamental al frente de la institución: mediar entre los ciudadanos y la Administración para resolver conflictos que preocupan a la sociedad. Recién aterrizado en el cargo, el nuevo Valedor insiste en que el idioma nunca representó un problema en Galicia y aboga por "ir introduciéndolo poco a poco en la Justicia, sin imposiciones". Benigno López asegura que, "más que funciones ejecutivas", su institución precisa "receptividad por parte de las administraciones". Se siente orgulloso de haber conciliado el apoyo de los tres partidos, pero lanza una advertencia a la clase política: no tolerará ningún tipo de presión.

"Salvo aspectos puntuales y procedentes sobre todo de la administración local, la receptividad de las instituciones es buena"

"Iniciaremos expedientes de oficio en cuestiones que suscitan alarma para la sociedad. Me preocupan las listas de espera de los hospitales"

"El gallego nunca ha sido un problema en la Justicia, dije y mantengo que resulta muy difícil traducir el espíritu de una sentencia"

Pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos para este mandato?

Respuesta. Me preocupa que el Valedor sea la gran desconocida de las instituciones autonómicas. Puede hacer muchas cosas.

P. ¿Cómo acercar la institución a la calle?

R. La sociedad debe conocer nuestra labor de mediación en defensa de los ciudadanos frente a las deficiencias que puedan derivarse de las decisiones de la Administración. Es la función que nos otorga la ley. El Valedor colabora con el resto de administraciones, pero constituye un ojo crítico respecto a esos poderes, siempre con una crítica constructiva.

P. ¿Funcionaría mejor ese ojo crítico si la institución asumiese funciones ejecutivas? En su último informe sobre el plus de los altos cargos usted reconoce que sólo el Defensor del Pueblo puede presentar un recurso de inconstitucionalidad.

R. Si el Valedor asumiese funciones ejecutivas se estaría convirtiendo en un órgano ejecutivo. El problema no son sus facultades decisorias, sino la receptividad de la Administración para atender nuestras llamadas de atención. No creo que esta institución deba convertirse en un órgano resolutorio porque eso supondría invadir competencias de otras esferas de poder.

P. ¿Cree que las instituciones no responden como deben a las recomendaciones del Valedor?

R. Llevo poco tiempo para hacer balance, pero por la trayectoria de mis antecesores veo que, salvo aspectos puntuales y procedentes sobre todo de la administración local, la receptividad es buena. Suelen atenderse las recomendaciones, aunque muchas veces no es fácil ponerlas en práctica.

P. ¿Son los ayuntamientos las instituciones más díscolas?

R. Hablo de casos muy concretos y espero que esa receptividad sea total. Soy una persona dialogante y las medidas drásticas que la ley nos autoriza deben constituir un último recurso.

P. ¿Qué medidas traumáticas podría adoptar?

R. Podríamos abrir una declaración de hostilidad y, en caso de una actitud recalcitrante por parte del responsable de un órgano, se podría dar traslado al ministerio fiscal por una falta de colaboración. Sería el último recurso y no creo que sea necesario.

P. Después de ser nombrado, unas declaraciones suyas, que según usted fueron tergiversadas, provocaron una polémica sobre el uso del gallego en la Justicia. ¿Cuál es su posición?

R. El problema del gallego en la Justicia no ha existido nunca, y llevó 28 años en órganos jurisdiccionales. Un gran número de demandas han tenido entrada en gallego. No hubo que traducirlas porque todos lo entendíamos perfectamente. Tampoco hay problemas en la tramitación. Lo que quiero decir es que si el juez no domina perfectamente el gallego, es muy difícil redactar una sentencia o una resolución de fondo. Las providencias y los trámites se podrían traducir. Una sentencia conlleva términos de literalidad pero también un espíritu que el juez le da a esa resolución. Si ese juez no domina el gallego le resultará muy difícil expresar lo que realmente quiere decir en la sentencia. Se podría proponer una traducción, pero hay un riesgo serio de que el traductor no transmita el espíritu de lo que el juez quiere decir. Eso quise decir y es lo que sigo diciendo, lo que no impide que haya que potenciar el gallego en la Justicia, pero habrá que dar formación a los jueces y esperar también a otras generaciones que tienen un mayor dominio del gallego. Respecto a la institución del Valedor, el gallego nunca fue un elemento de conflicto y no lo va a ser. No debe haber imposiciones del gallego sobre el castellano ni al revés, aunque lógicamente en la Administración se deberá atender por defecto en gallego.

P. ¿Se opone a que se exija su conocimiento a los jueces?

R. Siempre soy contrario a las exigencias, aunque considero que es necesario el conocimiento del gallego porque es un idioma cooficial que debe ser utilizado en una comunidad bilingüe. No creo que deba ser exigido a los jueces para acceder a Galicia, aunque sí debe ser valorado como mérito, pero nunca impuesto.

P. ¿Cómo están evolucionando las quejas al Valedor?

R. Este año se superarán las 2.000, ya hemos sobrepasado el total del año pasado. Así sucede desde que se creó la institución.

P. ¿Qué preocupa más?

R. Se están incrementado las quejas sobre Educación. Por regla general preocupan las licencias urbanísticas de las administraciones locales y se observa cada vez una mayor preocupación por temas medioambientales, los relacionados con el botellón o los problemas acústicos en zonas de esparcimiento. Hay otras materias que tienen menos incidencia, como el sistema de justicia, porque no es competencia de la oficina revisar una materia que está sujeta a resolución judicial.

P. ¿Qué puede hacer el Valedor con el botellón?

R. Mediar entre los ayuntamientos y los ciudadanos. Las medidas le corresponden a los municipios, pero debe haber una mayor exigencia en la insonorización de los establecimientos. En problemas como el del botellón algunos alcaldes han delimitado espacios y han prohibido otros; el Valedor puede sugerir, pero la resolución no le corresponde.

P. Ha sido nombrado con la unanimidad de los tres grupos políticos. ¿Se siente a salvo de presiones políticas?

R. Para mí fue una satisfacción haber concitado el acuerdo unánime de los tres partidos en un momento de crispación en la vida política española, en la que es muy difícil reunir ese acuerdo. La consecuencia de la unanimidad me otorga un plus de independencia porque no es lo mismo estar respaldado por un partido, por mayoritario que sea, que con el acuerdo de todos. Me consta que los políticos nunca han intentado interferir en la institución, ni en los pocos días que yo llevo, ni en el mandato de mis antecesores. No lo van a hacer y tampoco yo lo consentiría.

P. Uno de sus predecesores, José Cora, impulsó actuaciones de oficio que durante la última época se han ido perdiendo. ¿Actuará por su cuenta sin necesidad de denuncia previa?

R. Sí, es lo que llamamos iniciativa propia, lo hemos hecho ya para acabar con las colas en la renovación del DNI; aun cuando la competencia correspondería al Ministerio del Interior y, por tanto, la solución al Defensor del Pueblo, estamos actuando coordinadamente. Creo que nosotros debemos actuar en cuestiones que están alarmando a la sociedad. Actuamos de oficio en ese tema y lo hacemos cuando vemos asuntos de trascendencia social. Cuando lo conozcamos, y podemos hacerlo también a través de los medios de comunicación, abriremos de oficio expedientes.

P. ¿Qué es lo más urgente?

R. Me preocupa mucho el tema de la infancia y los menores. Si analizamos las quejas en temas como malos tratos, centros de acogida de menores y su relación con la futura adopción, ha habido muy pocas. Pero eso no quiere decir que no se estén planteando problemas. Me preocupan las listas de espera en Sanidad, ya no por las posibles consecuencias que la demora puede tener para la salud, sino por la incertidumbre que genera el resultado de la prueba diagnóstica a la que se le somete al paciente.

P. ¿Qué puede hacer el Valedor?

R. Abrirle los ojos a la Administración para que sus competencias puedan arbitrar los mecanismos necesarios para paliar esa situación. Ojalá estuviese en mi mano. Mi misión es mediar entre la Administración y la sociedad para hacer llegar al poder ejecutivo aquellos puntos en los que se aprecian las mayores deficiencias. Ahí entra en juego la receptividad de la Administración. Funcionará mejor la oficina cuanto mayor sea su receptividad.