¿Ética voluntaria?

Tradicionalmente, nos hemos referido a qué hacemos con los resultados económicos que obtenemos, incluso a por qué los buscamos, pero ahora se impone la necesidad de hablar de cómo los alcanzamos. Es un verdadero placer que en los discursos empresariales se utilicen ya de forma habitual conceptos como reputación, ética, responsabilidad, ecología, transparencia... Son nociones vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Corporativa, cuya emergencia demuestra que algo está cambiando en la forma de entender la economía y las relaciones de la empresa con la sociedad.

La Comisión Europea publicó en 2001 el Libro verde titulado Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, en el que animaba a prestar una mayor atención a lo que definió como "la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores". Sin embargo, la actual proliferación del concepto de RSE está provocando desconfianza, pues se asocia con frecuencia al marketing y la publicidad. Así que se exige, cada vez más, que toda declaración que hagamos las empresas esté respaldada por compromisos y resultados concretos. Ahora es necesario concretar esa responsabilidad: hay que acotarla y determinar la forma de medirla. Las cooperativas somos precisamente una clase de empresa que, desde mediados del siglo XIX, mantenemos vigentes unos principios éticos que constituyen nuestro código moral. El cooperativismo tiene dos rasgos que lo configuran como un modelo muy próximo al que propone la Comisión Europea: la transparencia, cualidad indispensable en una empresa que pretenda generar confianza en sus interlocutores; y la participación, elemento clave para el diálogo de todos los actores de la vida empresarial. Pero, afortunadamente, la ética empresarial no es patrimonio nuestro.

¿Debe establecerse un mínimo de moralidad cuya violación suponga sanción a las empresas?

El Gobierno de España aprobó hace poco la creación en el Senado de un Consejo de Responsabilidad Empresarial que analizará la conveniencia de una regulación legal de los compromisos sociales de la empresa. En la Comunidad Valenciana, este asunto también nos ha preocupado y ocupado: hace más de tres años, la Fundación Étnor nos propuso participar en la creación de un observatorio que posibilitara un diagnóstico sobre el estado de las empresas de nuestra Comunidad en materia de ética y de responsabilidad social. El proyecto que presentaba Étnor no podía ser más oportuno y, por supuesto, la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana aceptó participar en él, junto a la Generalitat Valenciana y Cierval.

Todos estos análisis han dejado en el aire muchas incógnitas: ¿hasta qué punto la responsabilidad social ha de ser voluntaria?; ¿debe establecerse un mínimo de moralidad cuya violación suponga sanciones a las empresas?; ¿o basta con establecer un código de buenas prácticas al que, voluntariamente, puedan acogerse las empresas que lo deseen?; ¿conviene que haya un registro oficial de empresas éticas que esté abierto a la consulta pública? Los interrogantes son muchos, porque el concepto es nuevo y su regulación es polémica. No parece que todos estén dispuestos a aceptar de buen grado la asunción de nuevas obligaciones legales para las empresas ni el control por parte de los poderes públicos, en lo que podría considerarse una política intervencionista. Pero ¿se puede permitir que empresas que se conducen de espaldas a la ética actúen impunemente en el mercado?; ¿tienen los poderes públicos la obligación de garantizar la limpieza de su tejido empresarial? Al final, parece que el Gobierno limitará su acción al campo de la promoción de la RSE y la estandarización de informes y verificaciones, dejando a las empresas libertad para acogerse a estas prácticas.

En nuestra opinión, los empresarios, cooperativos o no, debemos afrontar este asunto con valentía. Desde luego, hay que hacer un esfuerzo por mantener el equilibrio, pero teniendo presente en todo momento que ética y libertad no son ideas antagónicas, sino todo lo contrario: son conceptos que se complementan y fortalecen entre sí. Estamos de acuerdo en que la ética no puede imponerse por decreto, pero ¿para qué queremos una libertad que dé cobertura moral a determinados atropellos que, por otra parte, son infrecuentes y absolutamente condenables? La sociedad está demandando una acción compartida de empresarios y Administración para avanzar en la construcción de un tejido empresarial que progrese de cara a la cohesión social y al compromiso medioambiental. El Observatorio de Ética y Responsabilidad Social Empresarial de la Comunidad Valenciana ha puesto de manifiesto desequilibrios que debemos corregir. Es un ejercicio que nos ayudará a mejorar, porque, como afirma la profesora Adela Cortina, "la ética es rentable". Y el único camino posible para que este mundo sea un lugar mejor para vivir y para trabajar.

Luis Valero Lahuerta es presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.