Pirómanos peligrosos

La Monarquía ha sido siempre una institución polémica en la historia constitucional española. En el origen de todos nuestros ciclos constitucionales está una crisis de legitimidad de la institución monárquica. En 1808, la abdicación de Carlos IV y la transmisión de la Corona a la familia Bonaparte. En 1833, la muerte de Fernando VII sin descendiente varón. En 1868, "La Gloriosa". En 1931, las elecciones municipales que trajeron la Segunda República. En 1975, también. La aceptación o no de la Monarquía "restaurada" por el régimen del general Franco era el primer problema constituyente con el que tenía que enfrentarse la sociedad española. Ese problema se resolvió antes de la convocatoria de las elecciones del 15 de junio de 1977, que no se habrían celebrado si todos los partidos no hubieran aceptado que la Monarquía no se pondría en cuestión por las Cortes que nacieran de dicha convocatoria.

El poder constituyente del "pueblo español" no se extendió, pues, a la Monarquía. Se extendió a la configuración de la Monarquía como parlamentaria y a la posición de la Corona en la arquitectura constitucional, pero no a la institución de la Monarquía en cuanto tal. Para poder acudir a las urnas el 15 de junio, los partidos habían tenido que aceptar que no se plantearía la alternativa Monarquía-República en el debate constituyente. Como contrapartida se diseñó la arquitectura constitucional más republicana de toda nuestra historia, en la que el principio de legitimación democrática del poder se expresa de forma más diáfana.

El compromiso constituyente: no poner en cuestión la Monarquía con la condición de que no interferiría en la expresión del principio de legitimidad democrática del poder, ha funcionado de manera mucho más que satisfactoria. Creo que ha sido uno de los compromisos más fructíferos de los que se alcanzaron en la Transición.

En mi opinión, ha sido un compromiso interiorizado por la sociedad española. Quienes cuestionan ese compromiso son minorías muy reducidas, cuyas acciones tienen un impacto me atrevería a decir que insignificante. La caricatura de El Jueves o la quema de fotos del Rey por jóvenes gerundenses no va a poner en cuestión el compromiso constituyente de 1978 entre Monarquía y Democracia. No le hace ni un rasguño.

Lo que no puede soportar dicho compromiso es la utilización del Código Penal para defenderlo. O dicho con otras palabras: no es la caricatura de El Jueves sino la reacción de la Fiscalía lo que puede acabar poniendo en cuestión la Monarquía, de la misma manera que no la ponen los jóvenes que queman las fotos del Rey, sino el juez Grande-Marlaska.

El compromiso Monarquía-Democracia soportaría perfectamente un debate frente a la alternativa republicana en la sociedad española en este momento. Lo que no puede soportar es que a la gente se la meta en la cárcel para proteger dicho compromiso. Un debate de naturaleza política es soportable. Un debate de naturaleza penal no lo es.

¿Por qué no puede un joven, o un no joven, expresar su preferencia por la República quemando una foto del Rey? Es una manera inocua de expresar el rechazo de la Monarquía. No quiero que el señor cuya foto estoy quemando sea el Jefe del Estado de mi país, porque no acepto una magistratura hereditaria, sino únicamente magistraturas elegidas. Eso y nada más que eso es lo que están diciendo los jóvenes que queman las fotos.

Frente a eso no debe haber ni reacción penal, ni reacción de condena de los partidos, como ha pedido el presidente del Gobierno. Sobre esa conducta no hay que abrir ni un debate penal ni un debate político institucionalizado. Los jóvenes gerundenses han ejercido su libertad de expresión de manera pacífica y se podrá estar o no de acuerdo con ellos, pero no hay nada que reprocharles.

Los pirómanos peligrosos no son los jóvenes gerundenses, sino los fiscales y los jueces. Ellos son los que están convirtiendo las quemas de unas fotos en un incendio.