El reparto de la tarta
En un mundo gobernado por la racionalidad técnica, la distribución territorial de los recursos públicos se haría a partir de evaluaciones rigurosas de factores como los costes de construcción de infraestructuras y de provisión de los servicios públicos, de las carencias históricas arrastradas y de los "cuellos de botella" existentes. Evaluaciones que, además, se desarrollarían en el marco de planes integrales de infraestructuras y mapas de servicios públicos estandarizados. La realidad desborda este planteamiento. No es que le dé completamente la espalda. Una buena prueba de ello es la existencia del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Pero la política importa cuando se trata de distribuir territorialmente los recursos públicos. Las investigaciones académicas disponibles muestran que esto es así en países tan dispares como Estados Unidos, India, Argentina e Italia.
"Los apoyos de partidos regionales se convierten en un recurso clave para obtener mayores recursos"
Esos estudios ponen de relieve que existen diferentes mecanismos de influencia política, con efectos a veces contrapuestos. En ocasiones lo relevante es que exista coincidencia en el color político de los gobiernos de diferente nivel (la idea del "Gobierno amigo"). En otras, lo que importa es contar con mucha población y, consecuentemente, muchos votos, lo que explicaría el supuesto poder político de comunidades como Andalucía y Cataluña en España. A lo anterior, sin embargo, se le puede oponer el hecho de que las regiones más pequeñas suelen contar con primas electorales. Es decir, en ellas el número de votos necesario para conseguir un escaño puede ser muy inferior. El corolario es evidente: para una misma cantidad de dinero invertida, la rentabilidad en escaños puede ser mayor en los territorios más pequeños.
El inventario de mecanismos no finaliza aquí. Se ha contrastado también la relevancia de detectar y abonar financieramente circunscripciones en las que la proporción de votantes móviles es mayor: cuando la ideología pesa menos, la economía puede ser más influyente sobre el voto. Finalmente, no hay que perder de vista lo que ocurre en el caso de países con sistemas de partidos débilmente nacionalizados, en los que los partidos de ámbito regional son también protagonistas de la política estatal. Cuando los partidos estatales no consiguen mayorías absolutas, los apoyos de los partidos regionales se convierten en un recurso clave, que puede traducirse en mayores recursos públicos para las regiones correspondientes.
Por otro lado, hay que tener bien presente que existen múltiples instrumentos financieros en los que el Gobierno central dispone de grados de discrecionalidad más o menos amplio. Me refiero, entre otros, a las inversiones del Estado, la financiación autonómica, el Fondo de Compensación Interterritorial, el Fondo de Cohesión, los convenios de inversión y los contratos-programa.
Con estas ideas en mente y la estrategia de maximizar los recursos como objetivo me atrevo a hacer las siguientes reflexiones. En el frontispicio de las reivindicaciones planteadas desde Galicia deben situarse los argumentos técnicos a los que me refería al principio del artículo. Objetivamente, Galicia debe recibir más recursos per cápita que la media. Pero no para acabar en una situación mejor, sino para poder ejecutar en grado similar un PEIT o prestar los servicios sanitarios y sociales. A partir de ahí, las tareas están repartidas entre la parte socialista del Gobierno, que debe jugar la estrategia del "Gobierno amigo" y la parte nacionalista, que ha de concentrarse en la estrategia del "socio privilegiado". La oposición desempeña hoy un papel deuteragonista. Descabalgado del poder en Madrid, su labor de presión sobre el Gobierno de la Xunta debería no obstante ser aprovechada por los socialistas para mejorar su posición negociadora con el Gobierno central. En todo caso, el trabajo no debe limitarse al reparto de la inversión territorializada en los Presupuestos del Estado para 2008. Porque existen otros instrumentos financieros fundamentales para Galicia y que se hallan en fase de revisión. Y porque una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se licita y ejecuta.
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