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Amnistía exige que la policía deje de comprar armas eléctricas

La ONG denuncia descontrol en las ventas de pistolas Taser y pide regular su uso

Jesús García Bueno

Las pistolas tipo Taser y el resto de armas eléctricas están fuera de control y urge regular su uso. Ése es el mensaje que ayer lanzó Amnistía Internacional. La ONG pidió al Gobierno que deje de adquirir este tipo de armas no letales, que producen descargas de 50.000 voltios, para dotar a los cuerpos policiales. Un informe señala que se desconoce el número de ejemplares de Taser en manos de la Policía Nacional y de particulares.

Amnistía Internacional no tiene constancia de que los cuerpos de seguridad hayan utilizado las Taser, pero constata que la compra de estas armas ha ido en aumento en los últimos años. Los Mossos d'Esquadra poseen un total de siete unidades, que sólo se han probado en sesiones de entrenamiento por parte de los grupos especiales de operaciones. Al no estar reguladas, "no pueden ser utilizadas", señaló la Generalitat.

En un caso similar se encuentra el Cuerpo Nacional de Policía, que también ha dotado a los GEO de Taser. Según el director de Amnistía en España, Esteban Beltran, no existe un registro oficial, por lo que se desconoce el número de unidades.

El caso que más preocupa a la ONG es el de las policías locales. El informe, que fue presentado ayer, constata que diversas policías de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias poseen Taser. En el caso de las islas, como dotación básica de los agentes.

Beltran pidió que se paralice la adquisición de Taser hasta que se comprueben sus efectos -"son armas que provocan dolor y no dejan marca", advirtió- y se regule su uso en un sentido restrictivo. El objetivo es evitar que proliferen este tipo de armas, como ocurre en Estados Unidos.

Según Beltrán, distintos portales de Internet están vendiendo armas eléctricas por unos 100 euros, que pueden ser adquiridas por personas ajenas a la policía.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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