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Los municipios piden flexibilizar la reserva del 40% de suelo para pisos protegidos

Los ayuntamientos sostienen que la población no puede ser el único criterio

Los ayuntamientos aprueban la ampliación de la reserva de suelo para promover viviendas de protección que prevé la Xunta, pero opinan que la población no puede ser el único criterio que defina las necesidades de cada municipio. La junta de portavoces de la federación de municipios (Fegamp) reclamó al director general de Urbanismo, Ramón Lueje, que flexibilice los parámetros, de forma que el 30% previsto como mínimo para los pequeños ayuntamientos y el 40% para los más grandes se puedan revisar a la baja. Lueje no garantizó a la Fegamp aceptar su propuesta.

Las cuestiones relacionadas con el urbanismo centraron la reunión que mantuvieron ayer en la Consellería de Política Territorial los portavoces de la Federación Galega de Municipios e Provincias, encabezados por su presidente Xosé Crespo (PP), Manuel Lagares (PSOE) y Francisco García (BNG). Los responsables de la Fegamp plantearon a Ramón Lueje la necesidad de "flexibilizar" el único criterio previsto en la inminente reforma de la Ley del Suelo de Galicia, que favorecerá la oferta de vivienda de protección. El tamaño de la población es la única variable prevista por las consellerías de Política Territorial y Vivenda, a instancias de esta última, de modo que la reserva para pisos protegidos será del 30% del suelo en los de menos de 20.000 habitantes y del 40% en el resto. Para la Fegamp, esta previsión debe "aquilatarse".

"Hay un registro único de demandantes que es un buen baremo para conocer las necesidades de cada ayuntamiento, y también deben considerarse otras variables como el precio de la vivienda en los municipios", resume Francisco García, que destaca no obstante el "respaldo general" de la Fegamp a la reforma de la ley del suelo, emprendida por la conselleira nacionalista Teresa Táboas. "Pero se da una heterogeneidad en los ayuntamientos que debe ser considerada", matiza. Se trata de que la reserva de suelo "se adecue a la demanda", resume Xosé Crespo. "¿De qué le vale el 30% de reserva a un ayuntamiento en el que casi no existen peticiones de vivienda de protección? La población no puede ser el único factor, porque no es lo mismo Sanxenxo que Monforte. Por eso pedimos pragmatismo", señala.

La Consellería de Política Territorial evitó ayer pronunciarse sobre la reunión, que fuentes del departamento que dirige María José Caride consideraron de trámite y con una junta de portavoces "en funciones". Precisamente el próximo relevo en la Fegamp, que el 22 de noviembre renovará todos sus órganos de dirección, es una de las razones por la que los portavoces solicitaron la reunión de ayer, con el objetivo de presentarse a la asamblea de noviembre con "información concreta" en materia de urbanismo.

La ejecutiva de la federación de municipios aprobó por unanimidad en marzo una serie de propuestas de modificación de la ley de suelo, entre las que destaca la que rechaza "que se les aplique a todos los ayuntamientos los mismos porcentajes" de reserva para vivienda protegida.

Pero la promoción de pisos a precio tasado no es la única preocupación urbanística de los ayuntamientos gallegos. Igual o mayor es la inquietud en la Fegamp por la definición de los núcleos rurales, una categoría del suelo a medio camino entre el rústico y el urbanizable que sólo existe en Galicia y que, a juicio de los municipios, atenaza las posibilidades de desarrollar suelo para vivienda o explotaciones agropecuarias. Crespo, Lagares y García vienen pidiendo a la Xunta que amplíe la definición, pero la reforma de la ley no prevé inicialmente las pretensiones municipalistas.

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Tampoco en materia de núcleos rurales se produjeron avances. Los portavoces de la federación de municipios solicitaron una nueva entrevista con Lueje en el plazo de quince días, que no fue confirmada por la Consellería de Política Territorial. Pese a todo, Xosé Crespo recordó que la federación espera "una aceptación mayoritaria" de sus propuestas, ya que son "fruto de un acuerdo unánime" de los municipios gallegos.

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