El Supremo de EE UU estudiará la legalidad de la inyección letal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció ayer su intención de considerar si es constitucional usar la inyección letal en los casos de pena de muerte. La decisión de la máxima corte reviste gran trascendencia, ya que de los 38 Estados que aplican la pena capital en Estados Unidos (sobre un total de 50), 37 usan la inyección letal como método para acabar con la vida de los reos.

Nebraska es el único Estado que no ejecuta a sus presos con el cóctel mortal de barbitúricos y tiene la silla eléctrica como único método. En Nebraska los condenados no pueden elegir, como en el Estado de Washington o Idaho, por ejemplo, donde además de la inyección letal pueden optar entre la horca y el pelotón de fusilamiento, respectivamente.

Cuando el Tribunal Supremo abra sus sesiones el próximo martes debatirá la demanda presentada por dos reclusos en Kentucky -Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling- que denunciaron a ese Estado en 2004 alegando que la inyección letal equivale a un castigo "cruel e inusual", lo que está prohibido por la Constitución. Baze debía haber sido ejecutado ayer por la noche, pero el Supremo de Kentucky suspendió la ejecución.

No es ésta la primera vez que el Supremo permite que condenados a muerte cuestionen la inyección letal. Pero sí es la primera que los nueve jueces de la Corte deciden considerar la constitucionalidad de si la mezcla de drogas usada en Kentucky -y en otros Estados- viola la prohibición contenida en la Octava Enmienda, que literalmente dice: "No se requerirá fianza excesiva, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirá castigo cruel e inusual".

El Supremo va a estudiar el caso de Baze y Bowling, dos presos que llevan años esperando en el corredor de la muerte. Ambos presentaron una denuncia en 2004 y apelaron hasta llegar a la máxima instancia judicial. "Éste es uno de los casos más importantes en las últimas décadas", dijo el abogado defensor, David Barron. Baze lleva en prisión 14 años por matar a tiros a un sheriff y a su ayudante. Bowling mató a un matrimonio y disparó a su hijo de dos años en 1990. Ambos tendrían que haber sido ajusticiados en 2004.

La inyección letal comenzó a utilizarse en 1978, como una alternativa a métodos como la horca, la cámara de gas, la electrocución y el fusilamiento. Desde que la pena de muerte se reinstauró en EE UU en 1977, un total de 790 de las 1.098 ejecuciones que se han llevado a cabo hasta hoy han sido con inyecciones intravenosas de barbitúricos.

Los 37 Estados que emplean la inyección letal usan la misma mezcla de drogas: una anestesia, un paralizante muscular y una sustancia que detiene la marcha del corazón. Los contrarios a la pena de muerte dicen que si el condenado no recibe suficiente anestesia, sufre dolores atroces, sin poder quejarse.

El pasado 13 de diciembre, Ángel Díaz moría tras 35 minutos de agonía. Tuvo que recibir una segunda inyección para que su corazón se parara. Al practicársele la autopsia se descubrió que la primera aguja había atravesado la vena y había derramado el líquido dentro del músculo del brazo. Dos días después, el entonces gobernador Jeb Bush suspendía la pena de muerte y encargaba a una comisión "que considerara la constitucionalidad de las inyecciones letales".

La esperanza de ver la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos está en los tribunales. No en la clase política, no en la movilización ciudadana. El horizonte de la abolición no se ve cercano a corto plazo, pero si las tendencias de opinión se mantienen y se extiende la corriente revisionista que ha comenzado, podría llegar ese día.

El abogado y escritor Scout Turrow sentencia en su libro La pena máxima: "El Tribunal Supremo en algún momento llegará a la conclusión de que el castigo capital y la posibilidad de un proceso legal justo son incompatibles".