Cerca de un centenar de diligencias por delitos urbanísticos en Jaén

La Fiscalía de Jaén ha abierto en lo que va de año cerca de un centenar de diligencias por delitos urbanísticos, la mayoría de ellos contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En 2006 los delitos urbanísticos se duplicaron con relación al año anterior, pasando de 51 en 2005 a 105 durante el último año.

Según la memoria de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén, durante 2006 se incoaron 65 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio, de las que 64 fueron remitidas con denuncia al juzgado de instrucción y una fue archivada. Además, se formularon 40 escritos de acusación por este tipo de delitos.

En cuanto a las 32 sentencias que emitieron los juzgados de lo Penal, 26 fueron condenatorias y seis, absolutorias. En una decena de casos se ordenó directamente la demolición de la vivienda ilegal mientras que en las otras 16 restantes se trasladó este mandato a la Administración.

Parajes protegidos

Los delitos contra la ordenación del territorio han proliferado especialmente en las zonas cercanas a la capital jiennense y afectan tanto a suelos no urbanizables como a parajes especialmente protegidos por sus valores medioambientales. También destacan las actuaciones realizadas en municipios como Torredelcampo, Baños de la Encina, Cambil o, las más recientes de Quesada y Jódar. En este municipio, el Seprona ya ha imputado a 32 personas, entre ellas al alcalde, José Luis Angulo, de IU.

En Huelva, el año pasado la Fiscalía de Huelva abrió 30 diligencias previas incoadas por delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente. En lo que va de año el número ronda la quincena, lo que revela un ligero crecimiento de las diligencias iniciadas.

Ha destacado el archivo de la investigación acerca de la urbanización Costa Esuri, de Ayamonte o la denuncia sobre la construcción de la urbanización El Vigía, de Mazagón.

La Fiscalía constata que en lo que va de año han aumentado mucho las comunicaciones de casos desde los propios Ayuntamientos, lo que en ocasiones permite aligerar mucho el trabajo a la Fiscalía a la hora de presentar denuncias en los juzgados pertinentes y aligerar la petición de medidas cautelares de apercibimiento.