El Gobierno se niega a dar papeles a los inmigrantes que no puede expulsar

El Gobierno se niega a dar a los inmigrantes irregulares a los que no puede expulsar un documento que regularice su situación hasta que los echen. El Defensor del Pueblo pidió a la Secretaría de Estado de Inmigración que otorgase un permiso de trabajo temporal a los extranjeros cuyo origen no puede precisar y que no tiene más remedio que poner en libertad. El ejecutivo replica que ese documento estimularía a las mafias que trafican con personas y convertiría a esos extranjeros en "residentes". El Defensor cree que el Gobierno se equivoca y pide que lo reconsidere. Ya lo ha hecho: no, otra vez.

Los inexpulsables son aquellos inmigrantes llegados de forma irregular a España de los que no se ha podido determinar su lugar de origen o que no han podido ser repatriados al no existir convenios con su país de procedencia. Cuando son interceptados en España, ingresan en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Pero, pasados 40 días, si no se logra dar con sus orígenes, el inmigrante es puesto en libertad con una resolución administrativa de expulsión.

Ese papel les identifica, pero no les permite ni trabajar ni regularizarse, lo que les hace pasto de la explotación laboral, los trabajos ilegales (abundan en el top manta) y la marginalidad. Están en el limbo jurídico, sometidos al albur de los convenios de repatriación que firme España. Éstas son las personas que suelen ser trasladadas desde Canarias, Ceuta o Melilla a la Península. Cada año son varios miles, pero el número baja a medida que España firma convenios de repatriación.

La discrepancia entre el Defensor e Inmigración tiene su origen en una queja que cursó a la institución que dirige Enrique Mugica el letrado Alberto Revuelta, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en representación de 173 inmigrantes subsaharianos trasladados de Canarias a Sevilla. La propuesta de CEAR era sencilla, en apariencia: facilitarles a los inexpulsables "un documento de control de identidad" que les permitiera "realizar alguna actividad laboral mientras no resulte posible la materialización de su expulsión".

El Defensor hizo suya la propuesta de la CEAR y la planteó a la Dirección General de Inmigración, que la ha rechazado de plano y por escrito. El documento detalla los mecanismos por los que un extranjero puede regularizar su situación en España, pero rechaza la posibilidad de dar "una documentación generalizada a los inmigrantes irregulares que se encuentren en España con una resolución de expulsión que no se haya podido materializar". A su entender, esa práctica "podría convertirse en un estímulo a la actuación de las redes de tráfico ilegal de seres humanos".

Además, alega que se introduciría una situación de "inseguridad jurídica" para los propios extranjeros. Inmigración alega que darles ese documento de identidad haría que pasasen "a ser residentes" y, por tanto, podrían ser "trabajadores contratados por un empresario o empleador", pero siempre con una expulsión pendiendo sobre ellos. Es decir, que los extranjeros podrían obtener "la consolidación de su situación de hecho en España".

La respuesta no ha agradado al Defensor del Pueblo. La adjunta primera de esta institución, María Luisa Cava de Llano, considera que la interpretación que hace el Gobierno es "errónea". Asegura que con el carné temporal se pretende "salvaguardar la dignidad de las personas" y exige "soluciones que saquen de la marginalidad a estas personas" hasta su expulsión.

El Senado, en junio de 2006, aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a estudiar la posibilidad de dar a estos inmigrantes "autorizaciones de residencia y permiso de trabajo con carácter extraordinario", que estarían vigentes hasta su expulsión. El propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió a poner en marcha medidas para afrontar esa situación. Ahora parece que no las encuentra.

El Defensor recuerda que el Reglamento de Extranjería permite adoptar medidas de este tenor cuando se presenten supuestos "no regulados de especial relevancia". Y para Múgica, éste lo es. "Resulta perfectamente posible encontrar alternativas que permitan paliar la situación del colectivo de inmigrantes con resolución de expulsión inejecutable". Por ello, ha instado a Inmigración a que "evalúe de nuevo el problema". Las fuentes de Inmigración consultadas indican que su decisión es firme y ajustada a la ley, e insisten en que supondría abrir una puerta a las mafias. Por lo tanto, volverán a decir que no, que no habrá documento de identidad temporal para los inexpulsables.