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Los ministros llevan más de un año sin debatir con las autonomías en el Senado

La Comisión de Comunidades Autónomas tiene 22 comparecencias pendientes, algunas de 2005

Pablo Ximénez de Sandoval

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado es el órgano en el que se pueden reunir para debatir en público, con cámaras y taquígrafos, el Gobierno central y los Ejecutivos autónomos. También es el único foro parlamentario de España en el que se pueden hablar todas las lenguas oficiales del Estado, con un servicio de traducción simultánea al castellano. ¿Interesante? Nadie ha visto un debate de este tipo desde hace más de un año. En total, hay 22 peticiones de comparecencias pendientes. La más antigua es para Jesús Caldera. La pidió el PP el 15 de febrero de 2005.

"No les gusta nada. Se lo toman como un debate a la totalidad", confiesa un socialista

La última vez que un ministro acudió a esta comisión fue el 18 de septiembre del año pasado. Fue Jesús Caldera, ministro de Trabajo, para informar sobre "el reparto competencial y la financiación de las actuaciones en materia de dependencia". Era la primera vez que iba, y no ha vuelto. Por el marcado carácter territorial de sus materias, es el más solicitado. Tiene seis peticiones no atendidas. La de febrero de 2005 era para explicar la financiación autonómica de la Ley de Violencia de Género, la primera ley del Gobierno, un tema del paleolítico de la legislatura.

Quizá la negativa del Gobierno a comparecer en la comisión se pueda explicar desde el punto de vista partidista. Pero otra característica única de la comisión es que los debates pueden ser también a iniciativa de las autonomías. Así, hay pendientes cuatro peticiones que no proceden de partidos, sino de Gobiernos autónomos: dos de la Comunidad de Madrid, una de la Generalitat valenciana y otra de Baleares.

Aparte, el presidente del Gobierno no convocó el debate del Estado de las Autonomías en 2006, y en 2007 se acaban las fechas. En total, dos años sin organizar el debate de las autonomías y un año sin dejar que los consejeros interpelen a los ministros.

Para Manuel Blasco, portavoz del PP en la comisión y ex alcalde de Teruel, lo sucedido "es un desprecio" a los Gobiernos autónomos. "Los ministros no tienen inconveniente en comparecer en comisiones, pero no vienen a debatir con consejeros expertos en su tema. No es lo mismo debatir del vino con un senador, por mucho que sepa, que con el consejero de agricultura de La Rioja".

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El Gobierno comparece cada dos semanas para las sesiones de control en el Pleno. Y los ministros han acudido a las comisiones de su ramo. Pero debatir con los Gobiernos autónomos es otra cosa. Un senador socialista confirma que a los ministros les incomoda sobremanera: "Cuando comparecen, se lo toman como una especie de debate a la totalidad de su gestión. No les gusta nada".

"Lo de Caldera es escandaloso", dice Blasco. Por otra parte, le reconoce a Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, que no ha rehuido estos debates. Se han celebrado diez comparecencias de ministros, y tres han sido de Medio Ambiente, para dar la cara en temas tan delicados como el agua.

Desde el Ministerio de Trabajo, un portavoz destaca que Caldera es uno de los ministros que más comparecen en las Cortes. Ha respondido a 67 preguntas en el Pleno del Senado. Se trata de un "macroministerio" con muchos temas y una intensa agenda internacional, explican. Aun así, reconocen que sería interesante comparecer ante las autonomías en un monográfico sobre inmigración y para explicar el desarrollo de la Ley de Dependencia, este otoño.

El portavoz del PSOE en la comisión y el ex presidente de La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, aclara que esta situación "no es ninguna singularidad respecto a otras legislaturas", y destaca la decidida apuesta del Gobierno por potenciar el Senado, algo innegable. "Lo cierto es que la comisión se ha convocado más veces que cualquier otra y los ministros han comparecido más veces que en otras legislaturas".

Pérez Sáenz concede que "el formato de la comisión hace que se produzcan macrodebates", que pueden provocar "un exceso de respeto" por parte del Gobierno a la hora de acudir. Sin embargo, también destaca que "algunas peticiones del PP son artificiales". "Me llama la atención que no quieran debatir de nada sin ministro. ¿Por qué no proponen otras fórmulas que no sean la comparecencia como, por ejemplo, una moción?".

Juan José Laborda, senador socialista y actual presidente de la comisión, opina que ésta "adolece de todos los problemas del Senado". Se trata de "una comisión universal, omnicomprensiva, que trabaja sobre todos los ministerios". Laborda no es el único que opina que es "el embrión de un futuro Senado reformado, que fuera efectivamente territorial".

El PP siempre ha dicho que esta comisión está infrautilizada, y que deben explorarse todas sus posibilidades antes de afrontar una reforma del Senado. Aun así, no ha puesto nada de su parte siquiera para debatir la reforma en esta legislatura.

"La única forma de que funcionara correctamente es que existiera un plan por el que los temas regionales se vieran aquí", opina Laborda. Aun así, sólo quedaría el debate por el debate, porque "el Senado no tiene funciones para maniatar al Estado".

Laborda entiende que los ministros prefieran ir a otras comisiones, donde impera la lógica partidista Gobierno-oposición, con la que se sienten más cómodos. En la comisión de Laborda la lógica debe ser Gobierno-Comunidades. "El presidente de una comunidad no es un gobernador civil. Representa a todos sus ciudadanos, por encima de su ideología. Ahí hay un espacio político muy hermoso, que queda olvidado si todo se subsume en la dialéctica partidista, que siempre es electoral. En el Parlamento español no hay una cultura territorial".

El pasado miércoles la Comisión celebró una nueva reunión. Según algunos portavoces, todos los grupos, PSOE incluido, estuvieron de acuerdo en reiterar al Gobierno la petición de comparecencias, especialmente la de la ministra de Fomento para hablar del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Este plan se puso en marcha el primer año de Gobierno. Esta comparecencia se pidió el 22 de julio de 2005.

De izquierda a derecha, Magdalena Álvarez, Jesús Caldera y la ex ministra Carmen Calvo, reclamados por el Senado desde 2005.
De izquierda a derecha, Magdalena Álvarez, Jesús Caldera y la ex ministra Carmen Calvo, reclamados por el Senado desde 2005.TEJEDERAS / EFE / U. MARTÍN

En los estatutos, ni las erratas

Una de las razones que explican la poca actividad de control al Gobierno que ha ejercido la Comisión General de Comunidades Autónomas en el último año es que ha sido la encargada de tramitar las reformas de los Estatutos de autonomía. Sin embargo, el Senado no sólo no ha propuesto enmiendas nuevas a los textos llegados del Congreso, sino que ni siquiera ha cambiado las erratas detectadas por los letrados de las cámaras. Tan importante era mantener los acuerdos y los plazos, que las erratas han sido ignoradas conscientemente por el Senado (la única oportunidad de solucionarlas durante la tramitación) y publicadas tal cual.

Como dice Juan José Laborda, "el Senado, si no enmienda las leyes, no hace nada". En el caso de los Estatutos, la Cámara de representación territorial no ha hecho absolutamente nada. Su labor ha sido de ratificación de lo pactado en el Congreso.

El récord en tiempo de tramitación de una reforma estatutaria en el Senado es de 47 días. Fue el de Andalucía. El más rápido fue el de Valencia, que se ventiló en 21 días. Ambos llegaban con el acuerdo de los dos grandes partidos desde el Congreso.

Es cierto que la tramitación de algunos estatutos ha sido especialmente complicada y ha mantenido ocupada a la Comisión General mucho tiempo como para pensar en comparecencias de ministros. El de Cataluña y el de Andalucía se tramitaban por un complejo procedimiento, por el cual una delegación de los parlamentos autónomos respectivos se sentaba en la comisión frente a igual número de senadores (50). Formalmente, el texto final es un acuerdo entre ambas legitimidades.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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